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jueves, 8 diciembre, 2022
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Los mochos en el poder

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

Cuando los políticos hablaban de “legalidad”, “estado de derecho”, “apego a la ley”, etcétera, creí que se referían al irrenunciable compromiso con la Constitución política y las leyes que de ella emanan que tienen como cualquier ciudadano, y que en ellos es aún más fuerte dados los cargos que ocupan.

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Me equivocaba, parece que se referían al cumplimiento de las tablas de Moisés, y no por esa parte que dice “no robarás”, sino por la que establece que “amarás a Dios por sobre todas las cosas”, incluso en horarios laborales, con investidura de autoridad, y con recursos públicos.

Sólo así me explico el comportamiento de muchos funcionarios a pesar del artículo 25 de la Ley de asociaciones religiosas y culto público, que de acuerdo a la Cámara de Diputados está vigente y que a la letra dice:

“Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas” y enseguida dice:

“Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”.

En ese contexto, ¿Cómo podría interpretarse el boletín 1469 de gobierno del estado titulado “Asiste MAR a misa por los fallecidos y heridos del accidente en Mazapil” y que comienza diciendo “el gobernador Miguel Alonso Reyes asistió a la misa que se ofreció en memoria de los fallecidos, así como para pedir por la salud de los heridos del accidente ocurrido en Mazapil el 29 de julio pasado”? ¿Cómo una confesión?

¿Será que la emergencia requería de las plegarias del mandatario para su rápida resolución? ¿Eran éstas imprescindibles para la recuperación de los heridos? ¿Era la aportación más valiosa que podía hacer quien tiene en sus manos dinero, personal, y demás recursos para prevenir y resolver situaciones como la ocurrida en ese municipio?

Sin emergencia de por medio, sino por el mero gusto de celebrar un aniversario más de la fundación de Fresnillo, se dio en ese municipio situación similar, según el boletín 1337 emitido desde la alcaldía de aquella demarcación, en el que se informaba que “El Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, celebró una misa de acción de gracias (en) la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, por la celebración del 461 aniversario de la fundación de Fresnillo, donde acudió el presidente municipal, Gilberto Dévora Hernández.”

¿Qué poderosa razón impidió al presidente municipal limitarse a participar en los festejos laicos? ¿Se hubiera venido abajo la celebración si hubiera despachado en su oficina en el horario laboral en el que se realizó la misa?

Y como cortados por la misma tijera, ¿o bautizados en la misma pila? Desde la oficina del alcalde capitalino se informó a través de un comunicado el pasado 9 de septiembre, que: “El Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló y el presidente de la capital, Carlos Peña encabezaron la tradicional Romería en honor a la Patrona de la Muy Noble, Leal y Heroica ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas”.

En este caso en el que como los dos mencionados anteriormente no hubo espacio para el cumplimiento de la ley, tampoco lo hubo para la modestia, porque el alcalde de la capital, no sólo asistió a la celebración en honor a la Virgen, sino que, junto con el obispo, encabezó la fiesta religiosa.

Aquí sí, puede entenderse la asistencia de la autoridad civil a la festividad religiosa, ¿Cómo podría ésta haberse realizado si no está quien la encabeza?

Estos tres casos, que en otros momentos de la historia de México hubieran escandalizado, hoy parecen apenas simbólicos e irrelevantes porque no nos toman por sorpresa. Hace casi tres años, cuando Sigifredo Noriega llegó a tomar posesión como obispo, un operativo policiaco impresionante procuró que nada perturbara al “bendito que viene en el nombre del señor”, como decían los pendones con la imagen institucional de este gobierno, pagados por el erario, y colocados por servidores públicos por todo el centro de la ciudad.

En ese contexto, ya no asombra siquiera que con el pretexto del turismo religioso, se dediquen 22 millones de pesos entre otras cosas, a la integración del museo y monumento a San Juan Pablo II (el “San” no es mío), a la restauración y equipamiento de la Capilla de San Juan Bautista, y a comprar el mobiliario del Museo de La Sacristía (comunicado 1618 de gobierno del estado).

Para colmo del asunto, se repartió masivamente el 8 de septiembre durante la Romería, una tarjeta en la que aparece en un lado el Papa Francisco, con un texto que dice “Su santidad, el Papa Francisco por conducto del Lic. Miguel Alonso Reyes envía saludos y bendiciones al pueblo de Zacatecas”, y en el lado contrario la imagen del mandatario entregando una figura religiosa a Bergoglio. ¡De gobernador, a emisario de bendiciones!

Más allá de lo simbólico, y de la evidente hipocresía de quienes llevan coronas al monumento de Benito Juárez cada 21 de marzo, el asunto preocupa no sólo por el uso de recursos públicos en beneficio de una iglesia, y la flagrante violación a la ley, sino también porque este mimetismo entre autoridades civiles y religiosas, hacen sentir a éstas últimas, con el derecho a exigir que las leyes civiles sean las que sus creencias -respetables por supuesto, pero suyas- establecen.

Así ocurre, por ejemplo, en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que de acuerdo a los jerarcas de la religión mayoritaria, que no unánime, tendría que ser el patrón del matrimonio civil.

En esta entidad plagada de piadosos, quizá alguien podrían sacarme de una duda, ¿no fue Jesús el que dijo que al César lo que es del César y a dios lo que es de dios? ■

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