En la sesión de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas ayer se presentaron tres iniciativas relevantes: una para reformar la Ley Orgánica de la BUAZ e incorporar principios de derechos humanos, igualdad sustantiva y protocolos contra la violencia; otra para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes mediante un informe diagnóstico y la creación de una mesa técnica interinstitucional; y una más enfocada en reforzar la seguridad vial, exhortando a intensificar la vigilancia y concientización sobre el uso obligatorio del casco protector en motociclistas.
La diputada Ana María Romo Fonseca, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), con el objetivo de armonizarla con los principios constitucionales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
La propuesta surge como respuesta a la Recomendación 05/2024 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), derivada del expediente 281/2023. Esta recomendación se originó a raíz de denuncias públicas hechas por estudiantes de la BUAZ sobre humillaciones, malos tratos, discriminación, misoginia, homofobia y abuso de poder por parte de docentes y personal directivo.
Las quejas señalaron que estos actos eran reiteradamente ignorados por las autoridades universitarias, lo que configuró una violación al derecho a recibir un trato digno.
La iniciativa subraya que la actual Ley Orgánica de la BUAZ, vigente desde 2001, no ha sido actualizada conforme a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Por tanto, se propone incorporar de manera expresa principios y obligaciones que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos dentro del entorno universitario.
Entre las reformas propuestas se incluyen: garantizar el respeto a la dignidad de las y los estudiantes como eje central del proceso educativo; establecer protocolos de prevención, atención y erradicación de violencias, especialmente aquellas motivadas por género, orientación sexual o identidad de género; asegurar la perspectiva de género y derechos humanos en todas las normas internas; y sancionar a cualquier autoridad universitaria que cometa, tolere u omita la atención de violaciones a los derechos de la comunidad universitaria.
Además, se plantean obligaciones específicas para las autoridades y órganos universitarios como el rector, el consejo universitario, el tribunal universitario y demás instancias, a fin de asegurar la observancia y promoción de los derechos humanos en todos los niveles de gobierno universitario. También se proponen medidas para proteger la salud mental de los estudiantes y asegurar la rendición de cuentas sobre el desempeño académico y administrativo.
Así, se establece que la BUAZ deberá adecuar su normatividad interna en un plazo máximo de 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto.
Por su parte la diputada Renata Libertad Ávila Valadez presentó una iniciativa para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Zacatecas, ante la persistencia de problemáticas como la violencia, el trabajo infantil y la deserción escolar.
La iniciativa plantea que el Sipinna Zacatecas y la Procuraduría de Protección de NNA presenten al Congreso, en un plazo máximo de 60 días, un informe público que detalle la situación actual de la niñez en temas clave como educación, salud, protección contra la violencia, acceso a la justicia y participación infantil, además de las acciones realizadas en 2024-2025 para prevenir el trabajo y la violencia infantil, y el cumplimiento de la Ley de los Derechos de NNA en el estado.
Asimismo, planteó la instalación de una mesa técnica interinstitucional permanente para revisar y actualizar el marco legislativo en materia de infancia, con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Esta mesa deberá impulsar un sistema estatal de indicadores, protocolos de atención a la violencia y un presupuesto etiquetado para la protección de la niñez.
Finalmente, se exhortó a las comisiones legislativas a acompañar esta ruta de fortalecimiento institucional. La diputada enfatizó que Zacatecas no puede seguir siendo omiso ante la deuda histórica con su infancia y que esta Legislatura tiene la responsabilidad de actuar.
Finalmente, la diputada Maribel Villalpando Haro presentó una iniciativa con el objetivo de reforzar la seguridad vial en Zacatecas, enfocándose en el uso obligatorio del casco protector por parte de conductores y acompañantes de motocicletas.
Aunque existe un marco legal que establece esta obligación, en la práctica su cumplimiento es deficiente, lo que eleva significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en caso de accidente. La diputada advierte que esta problemática se debe a la falta de vigilancia, negligencia y desconocimiento por parte de los usuarios.
Ante esta situación, la iniciativa propone que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección de Policía Vial Preventiva, intensifique los operativos de revisión, aplique sanciones y realice campañas de concientización para fomentar una cultura de seguridad vial. El objetivo es garantizar la aplicación efectiva de la normativa vigente, particularmente lo establecido en el Reglamento General y la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas.
Por ello, se somete a consideración de la LXV Legislatura un Punto de Acuerdo que exhorta a dicha Secretaría a reforzar sus acciones de vigilancia y cumplimiento respecto al uso del casco protector. Además, se solicita que este exhorto se publique en el Periódico Oficial del Estado y se remita a la autoridad correspondiente para su conocimiento y atención.
