■ No se puede hacer uso por el momento de los fondos ya recaudados
El titular de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, Jehú Edui Salas Dávila, adelantó expectativas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su sentencia definitiva sobre la controversia constitucional interpuesta por la Presidencia de la República respecto del Impuesto Ecológico implementado estatalmente, dentro de entre seis a ocho meses.
Informó que la entidad fue notificada formalmente por el máximo tribunal del país para comparecer como parte demandada en el citado proceso el pasado 28 de febrero. Y actualmente corren los 30 días hábiles para ofrecer su contestación.
Mientras tanto informó que ya suman 27 las empresas que se han amparado contra el gravamen, 25 mineras y dos cerveceras.
Salas Dávila dijo que el alegato de Gobierno del Estado ante la SCJN se sustenta en una serie de analogías recuperadas de leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión “en donde de forma implícita se establece la facultad conferida a las entidades federativas para establecer medidas de control económico que permitan hacerle frente al impacto ambiental que generan los particulares en terrenos estatales”.
Respecto del destino de los recursos obtenidos por este medio en caso de que venza en juicio a su contraparte, dijo que es facultad de la Legislatura local mediante el presupuesto de egresos es dirigirlos a la remediación ambiental o como se ha expuesto públicamente a otros rubros como el gasto educativo, y precisó que es el propio Congreso local quien debe establecer las medidas de remediación citadas.
El funcionario también precisó que el estado no puede hacer uso en el momento de los recursos ya recaudados por el gravamen a empresas que se han amparado ante la justicia federal y aún debiera devolverlos en caso de que el fallo de la Corte no le sea favorable.
