Tras las movilizaciones magisteriales de este miércoles, en respuesta al llamado de la Coordinadora, en las que hubo protestas en todos los estados con excepción de Sinaloa, en la educación básica, a raíz de la aprobación y de la reciente publicación de las leyes secundarias en que se sustentara la reforma educativa peñista, las aguas siguen agitadas. Después de las marchas y bloqueos, no producirse protestas de mayor intensidad y extensión muy probablemente la lucha de resistencia entablada entre la Secretaría de Gobernación y los maestros inconformes, es probable que se haya llegado a un punto de inflexión en el que el gobierno termine por imponerse. En el último combate, en apoyo a la CNTE o en forma paralela, los maestros que se sumaron a la movilización la semana pasada y lo que va de esta, hacen caso omiso o prestan oídos sordos a la consigna del secretario de Educación y del Presidente: “en la aplicación de la reforma educativa no habrá marcha atrás”. Rechazan la reforma. Con sus protestas callejeras buscan revertirla y que no se aplique echándola abajo. La esencia de ésta plasmada en la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), busca mover inercias enquistadas que usos y costumbres convirtieron en derechos. Ha pisado o se presta a pisar cayos y privilegios, pero además, al someter a los profesores a evaluaciones, atenta contra su estabilidad en el empleo al echar por tierra la definitividad laboral (nombramiento de base) en el caso de los que no salven satisfactoriamente los exámenes. Esta es la principal razón para oponerse a la reforma, pues como llegaron a declarar dirigentes seccionales en el último Consejo Nacional, la reforma educativa “si vulnera derechos laborales y hay un encabronamiento real de los trabajadores con la dirigencia de Juan Díaz de la Torre, porque las garantías (sic) fueron minadas y regateadas”. Agregando que las protestas en estados donde históricamente eran casi inéditas, se deben a que “los profesores se encuentran muy indignados por la perdida de prerrogativas sindicales” (La Jornada, 11 de septiembre de 2013), no obstante que Peña Nieto al momento de firmar antier los decretos de las leyes secundarias hablo de que con ellas, se garantizan la seguridad y estabilidad y el respeto a los derechos laborales por medio de un sistema de evaluación “imparcial, objetivo y transparente”. Esta declaración puede ser demagógica o retórica, o bien, los maestros ignoran el contenido y alcance de las leyes de la reforma educativa. Lo cierto es que de acuerdo con el decreto de las leyes secundarias que entraron en vigencia desde ayer jueves 12 de septiembre, establece en alguna de sus partes que quien no se ajuste a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización (actualización y capacitación, entiéndase), será separado del servicio. Y además, lo mismo le ocurrirá a quien reprueba la tercera evaluación. Esto ocurrirá sin responsabilidad para la autoridad. El haber incorporado a la Ley en cuestión la prorroga de dos años para que los egresados de las normales sigan obteniendo su plaza automática y el no trasparentar (publicar) las evaluaciones a los docentes, demandas negociadas y aceptadas, no bastan a la CNTE. Ahora entre sus nuevas exigencias están la democratización del SNTE, la que debería ser obra de los propios maestros y el freno a la represión a quienes no se sometan a las nuevas normas. Estas últimas demandas comenzaron a negociarse a partir de ayer y su desenlace inclinara la dirección la dirección del conflicto, sea a favor de los disidentes o de la postura del gobierno de imponer la reforma contra viento y marea, sin dar marcha atrás en la aplicación de la misma, según han declarado sus principales instrumentadores. La reforma educativa o los aspectos que lesionan los derechos laborales de los maestros se detendría sólo si las movilizaciones y protestas en las calles crecen y se multiplican, si se logra parar las escuelas y si los que luchan tienen el respaldo de los padres y los sectores mayoritarios de la población. Así sucedió en el 89 cuando ante el reclamo de democracia sindical y aumento salarial, Salinas dio un golpe de timón: defenestró al cacique Jongitud Barrios y ungió a la Gordillo. De paso otorgó un aumento salarial, que aunque muy por debajo de la pérdida del poder adquisitivo, calmó la agitación magisterial cuando más de la mitad de los mentores se habían sumado a la insurgencia magisterial. En esta lógica está el MDMZ que después de un buen rato, boca bajeado y con su Comité paralelo acéfalo superó su reflujo, volvió a salir a las calles multiplicando el numero de manifestantes. Mientras se mantengan las protestas y éstas vayan en aumento, se mantendrán las expectativas. ■
