A lo largo de veinte años, los mexicanos hemos sido testigos de la falta de un sistema de justicia sólido, por el contrario, contamos con uno en el que un capo puede ser liberado por la orden de un juez, en la que se obliga su liberación durante la madrugada, como si el hecho de haberse ordenado mientras los mexicanos duermen, fuera a burlar el ojo público y mediático, protegiendo al juzgador de la crítica, o como cientos de casos en el que pagan más penas los que no cuentan con dinero para acceder a una defensa que aquellos que son capaces de coaccionar a un ministerio público, juez o magistrado para obtener su libertad.
Mucho se ha debatido sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial en México, sin embargo, dicho debate se ha centrado únicamente en el poder a nivel federal, olvidando que el primer contacto que tienen los mexicanos con la impartición de la justica es en los tribunales de los Estados, con las fiscalías y otros mecanismos de impartición de justicia como los jóvenes centros de conciliación.
La reforma que convirtió a las Fiscalías en lo que hoy conocemos, no solucionó el problema que prometía resolver, sino que continuaron siendo un elefante reumático en el que un joven desaparecido, puede durar medio año o más en la cámara fría a pesar de haber sido el primer lugar en el que los familiares decidieron buscar, además aportando su adn para el reconocimiento de los cuerpos que van llegando, esto a pesar de que unos días después de haber desaparecido, el cuerpo hubiese sido entregado a dichas fiscalías.
La escena en el que la madre de un joven desaparecido en noviembre del año pasado y que ha sido buscado desde entonces y que se descubre siete meses después, que todo este tiempo ha estado en la SEMEFO del Estado, expone cómo la reforma a las fiscalías de hace un par de años, no funcionó más que para cambiarle el nombre a dicha institución, pues la impartición de justicia cambió en nada.
Mucho se señala al Poder Judicial, específicamente a quienes lo encabezan, ministros que se han alejado del pueblo al llenarse de lujos tal jeques árabes, mientras que saturan de trabajo a los trabajadores de dicho poder, por otro lado, los tribunales de los Estados, están aún en peores condiciones, repletos de hijos de jueces y magistrados, e incluso familiares y hasta amantes, así mismo, la impartición de justicia se convierte en un dolor de cabeza para cualquier persona que desea solucionar algún conflicto legal, pues puede pasar de un conflicto que puede resolverse en meses a ser resuelto hasta en años.
La burocracia, la falta de seguridad para jueces locales y federales, el nepotismo, la incapacidad, ineptitud y corrupción, entre muchos otros males, convierten a nuestros Tribunales de Justicia de los Estados y a nuestras fiscalías, en el problema que trae consigo la impunidad y el mayor de los males en nuestro país: la injusticia.
La reforma al Poder Judicial de la Federación no puede darse sin que a la par se reformen la Fiscalía General de Justicia, las fiscalías estatales y los tribunales locales, la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, no es la única consideración que debe tener la reforma, sino que a la par se consideren cuestiones como el combate al nepotismo, la corrupción, ineptitud, la protección de juzgadores para evitar que su identidad sea fácilmente conocida, entre muchas otras cuestiones que deben considerarse.
El sistema de justicia en México ha fallado en muchos aspectos que, sin duda, deben reformarse, pero que muchos otros, deben mantenerse y fortalecerse, la reforma a nuestro sistema de justicia es una necesidad que no puede ni debe negarse, la búsqueda de la justicia debe ser la principal tarea de todo gobierno, acabar con los privilegios no será suficiente si no se impulsa un cambio profundo a nuestro rumiento sistema de justicia con todas las instituciones que éste involucra.
Casos como el de Zacatecas, no pueden ni deben repetirse, no pueden estar desaparecidas durante meses, personas que en realidad están frente a las narices de trabajadores que están más preocupados por la convivencia con sus compañeros y compañeras que por hacer su trabajo, cumplir con las funciones para las que se les paga, casos como estos, exponen un sistema de justicia fallido que aplastan el esfuerzo de otros cientos de trabajadores comprometidos con su labor.
