Es imposible quedar al margen de los acontecimientos de los últimos días y del sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto. La escandalosa por ostentosa comitiva en la visita de Estado a Francia y la segunda fuga del principal líder del crimen organizado, Joaquín El Chapo Guzmán abren de nueva cuenta la discusión sobre la gravedad de la corrupción imperante en el país. No olvidemos los asesinatos y desaparición no resuelta de los normalistas de Ayotzinapa; el aniversario de la ejecución por parte del Ejercito Mexicano a civiles en Tlatlaya; la Casa Blanca y los casos zacatecanos de soborno a los diputados locales; la falsificación de documentos oficiales y recientemente la simulación de gastos del Congreso del Estado mediante empresas fachada ponen de manifiesto la profundidad de la corrupción y una innegable fusión entre Estado, empresas y delincuencia.
Por fortuna y gracias al trabajo de algunos medios de comunicación y las redes sociales lo que durante años ha sido un modo de vida para muchos, empieza a ser denunciado. Sin embargo para salir del sentimiento de caos y desesperanza, combatir la corrupción es necesario, pero no suficiente. La incompetencia en la conducción de los asuntos públicos en muchas ocasiones no es más que otra forma corrupción, llega a niveles de asombro tanto a nivel federal, estatal y municipal, la proliferación de los “baches” y las evidentes fallas en los servicios públicos son un ejemplo de ello.
Tal fracaso no sólo es impresentable en términos políticos, sino evidencia la abdicación del poder público a su responsabilidad constitucional central: proveer seguridad a los ciudadanos. Con independencia de las excusas y justificaciones que puedan esbozar las autoridades actuales respecto de las circunstancias descritas, el marco legal vigente no deja mucho margen para la interpretación.
Los gobiernos, a estas alturas del sexenio, carecen de elementos para trasladar a su antecesor y antecesora la responsabilidad política por el auge delictivo y de corrupción que vive el país. En momentos en que la administración federal está por superar su primer trienio, y ante el sistemático incumplimiento del derecho de la ciudadanía a la seguridad, a vivir sin miedo, a la vida digna, a la educación de calidad y a un eficiente sistema de seguridad social, es tiempo de que el gobierno en turno asuma los costos de su decisión de mantener en lo esencial una estrategia económica, política y de seguridad fallida y contraproducente. Mucho de la tragedia que México y Zacatecas viven se debe a los altos niveles de corrupción que hemos tolerado hasta ahora, sin olvidar que una buena parte de esos actos delictivos ocurren por la incompetencia de quienes tienen la responsabilidad de actuar; por ello es de gran importancia que la sociedad organizada – desde las redes a la plaza pública – demande transparencia y rendición de cuentas desde luego, pero sin olvidarse de exigir solvencia profesional y capacidad de liderazgo en quienes deciden sobre los principales asuntos públicos; la situación no está para improvisados.
