Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), afirmó que no hay claridad en la documentación sobre la rescisión del exrector Rubén Ibarra Reyes, ya que carece de información explícita que se debe incluir en este tipo de procedimientos; asimismo, exhortó a la Rectoría a que proceda también en el caso del docente Sixto Sosa, quien enfrenta una condena en libertad condicional por posesión de estupefacientes.
Sobre la rescisión del exrector, comentó que “el oficio que recibimos no es muy explícito en las causales de rescisión y en la claridad de la información. Habíamos señalado que, para tener certeza, era importante conocer el expediente, pero lo solicitamos al abogado general y no se nos ha entregado la copia para corroborar de que las cosas se hayan hecho conforme a Derecho”.
Explicó que la manera en que haya sido rescindido es importante porque pudo hacerse sin responsabilidad para la universidad o también se pudo hacer de tal manera que el exrector pueda demandar su reinstalación o un finiquito muy costoso. Entonces es necesario que haya claridad en la causal de la rescisión y que se haya hecho adecuadamente.
Desde su perspectiva, es importante que la administración central ponga en una balanza si es más importante proteger a la institución o proteger los intereses de una sola persona con sus relaciones de compadrazgo.
González Arenas mencionó que la manera en que se ha llevado el caso, con tanta discrecionalidad y poca transparencia, abre la posibilidad a que se haya planeado alguna situación para favorecer a Ibarra Reyes; “no tengo la certeza de que eso esté pasando, pero tampoco tengo dudas y existe esa posibilidad”.
Por tanto, indicó que la única manera de generar certeza y transparencia es exhibiendo la información completa, ya que hay formas para cuidar los datos sensibles sin exponer el procedimiento legal.
Por otra parte, se refirió a la situación del docente Sixto Sosa, quien obtuvo libertad condicional mediante procedimiento abreviado por posesión de estupefacientes, y expuso que el sindicato no ha recibido información de parte de la administración central sobre su estatus legal.
En ese sentido, convocó a la Rectoría a que, de la misma manera en que se hizo con Ibarra Reyes, que se notifique al SPAUAZ la situación en que se encuentra el docente, a fin de salvaguardar los derechos y la seguridad de los docentes y de la comunidad universitaria.
En caso de que la Rectoría inicie algún procedimiento de rescisión laboral en contra de este docente, González Arenas agregó que el sindicato tendrá la misma participación; tener conocimiento de los hechos y observar que el proceso se lleve a cabo conforme a la normatividad, pero hasta el momento no ha notificado al SPAUAZ sobra alguna medida ni el profesor ha solicitado apoyo del sindicato.
“En el SPAUAZ no teníamos la certeza de que estaba en libertad, solo había rumores, pero no hemos sido formalmente notificados de nada y en el momento en que se inicie algún procedimiento administrativo, haremos lo mismo que se hizo en el caso del exrector”.
Recordó que en el SPAUAZ hay una política de no defender a personas que atentan contra la integridad sexual de integrantes de la comunidad universitaria, mientras que en el caso del docente sentenciado por posesión de estupefacientes “sería cuestión de revisar y ver cuál fue el tratamiento que se haya dado en otros casos similares, pero se revisaría la situación y se actuaría en consecuencia. Si, de acuerdo al código, se le considera una causa grave, el tratamiento sería similar”.
Por último, manifestó que la Rectoría debe actuar en este caso sin que estudiantes o docentes deban movilizarse, es decir, tiene la responsabilidad de atender de oficio este tipo de casos a fin de proteger a la comunidad universitaria.
