Juan Díaz Rocha, actual secretario en el Tribunal Colegiado de Apelación en Zacatecas, busca convertirse en magistrado de circuito. Su principal argumento de campaña gira en torno a la experiencia acumulada. “No soy una persona improvisada”, asegura, mientras repasa su paso por juzgados de distrito, auxiliares, tribunales colegiados y su desempeño como magistrado en funciones.
Díaz Rocha afirma conocer a detalle el proceso de admisión, tramitación y resolución de amparos, y pone énfasis en que ha dictado (o proyectado) sentencias en todas las materias. “Nuestro pan de cada día es emitir sentencias”, dice, mostrando preocupación por la agudización del rezago en los tribunales con la llegada de perfiles sin experiencia.
Como candidato a magistrado, Juan Díaz Rocha sostiene que la justicia debe ser más cercana a las personas y se compromete a que nadie se quede sin orientación clara sobre su proceso. “Sucede mucho que tienen un problema familiar o un asunto en un juzgado, y la mamá o la familia no sabe qué está pasando, porque el abogado no les informa”, relata.
Por eso, afirma que en su tribunal siempre deberá haber alguien disponible para explicar por qué un asunto no avanza, si falta alguna promoción o si ha habido una omisión del abogado, y así evitar que la ciudadanía se enfrente sola los procesos.
Advierte sobre el riesgo de que candidatos impulsados por partidos políticos lleguen a ocupar cargos jurisdiccionales. Por ello, sostiene que la independencia debe ser un principio rector del Poder Judicial y defiende la figura del impedimento legal, que obliga a excusarse cuando existen relaciones personales o intereses que podrían comprometer la imparcialidad.
Al hablar sobre su perfil, insiste en la diferencia entre formación académica y experiencia práctica. Tiene dos maestrías y un doctorado en proceso de titulación, pero sostiene que los títulos por sí solos no bastan. “Me encanta la cocina, pero no por eso puedo ser chef”, ejemplifica.
Subraya que el Poder Judicial Federal no investiga delitos ni detiene personas, como lo hacen ministerios públicos o policías, sino que su función es garantizar los derechos humanos frente a actos de autoridad. Explica que el amparo procede contra decisiones de cualquier nivel de gobierno −municipal, estatal o federal− cuando vulneran la Constitución o tratados internacionales. “El amparo no es contra una persona, es contra actos arbitrarios del poder público”, resume.
En cuanto a su integridad personal, asegura haber actuado con firmeza en los pocos casos en los que presenció intentos de corrupción y atribuye esta respuesta a los principios que le fueron inculcados en un contexto rural en su natal Apatzingán, donde -dice- “te comportas como te enseñan”.
Reconoce que existe una percepción negativa sobre el Poder Judicial, pero considera que está sobredimensionada al dar cuenta de solo dos incidentes en 23 años de trayectoria.
En una ocasión, cuenta, un abogado intentó sobornarlo dejando dinero sobre su escritorio. “Me pidió que acordáramos cómo repartirlo. Lo eché de la oficina y avisé a mis superiores; se dio vista al Ministerio Público”. En otro caso, un actuario fue sancionado por cobrar dinero a un interno con la promesa de acelerar una sentencia absolutoria que aún no se emitía.
Consciente de que los tribunales enfrentan sobrecarga de trabajo, considera necesario crear más órganos jurisdiccionales y capacitar al personal para lograr justicia pronta y expedita. “Lo dice la Constitución, pero no siempre se cumple porque no hay suficientes recursos”, lamenta.
Su mensaje final apunta a que la ciudadanía distinga entre perfiles académicos y perfiles con trayectoria judicial: “Decir que salí de la escuela y que ya puedo emitir sentencias es ilógico. (…) Aquí no se viene a aprender, aquí se viene a resolver”, sentenció el candidato.
