Estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) tomaron este jueves las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para sumarse a la protesta de docentes que exigen el nombramiento de un nuevo director, pero también para solicitar transparencia en el proceso penal que se lleva en contra de los profesores denunciados por acoso sexual.
Al respecto, informaron que la demanda es que haya transparencia respecto a la situación jurídica del personal docente retirado de su cargo, lo que implica la publicación del número de expediente correspondiente, con resguardo de datos personales, así como la confirmación de que los casos continúen su curso mediante procesos de investigación integrales, tanto en el ámbito penal como en el administrativo.
A diferencia de los docentes, los jóvenes pidieron el nombramiento de un director o directora ajeno al Centro de Actualización del Magisterio, ello con el objetivo de garantizar imparcialidad, evitar conflictos de interés y asegurar una gestión institucional objetiva durante el periodo de seguimiento y reestructuración.
Otro aspecto que exigieron es la entrega del 100 por ciento de las constancias de diplomados a todas las personas que se encontraban debidamente inscritas y que cumplieron con los requisitos académicos establecidos.
Por otra parte, demandaron que se corrija la información errónea registrada en la plataforma SUBES, así como la garantía del otorgamiento de becas a la totalidad de la institución, considerando su carácter prioritario, sin poner en riesgo a las y los estudiantes que se encuentran en modalidad de continuidad.
Finalmente, su pliego petitorio contempla el retiro inmediato de sus cargos del personal que ha sido formalmente señalado y que, a la fecha, continúa ejerciendo funciones dentro de la institución, a fin de salvaguardar a la comunidad estudiantil mientras se desarrollan los procesos de investigación correspondientes.
Recordaron que el pasado 25 de noviembre, las y los estudiantes del CAM se manifestaron “frente a una violencia que no es nueva ni aislada, sino estructural y heredada: el hostigamiento sexual y educativo que, por generaciones, ha sido tolerado y encubierto, dejando sistemáticamente las consecuencias sobre los hombros del alumnado”.
Meses antes de dicha protesta, señalaron que estas situaciones fueron denunciadas a través de los canales institucionales correspondientes. Sin embargo, como ha ocurrido de manera reiterada cuando quienes denuncian no detentan posiciones de poder, las autoridades optaron por el silencio y la omisión.
En consecuencia, fue únicamente mediante la movilización estudiantil que se logró la separación temporal de una parte del personal docente implicado, mientras se desarrollan los procesos de investigación derivados de las acusaciones formalmente presentadas.
