Más de 110 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos en México, corroboran que la desaparición forzada se ha consolidado como política de Estado. Esta cifra, sostenida por familiares de las víctimas y por viejos luchadores sociales y ciudadanos militantes, contrasta con la oficial cifra del Estado mexicano que registra solo 23,272 desapariciones en el periodo comprendido de enero de 2007 a octubre de 2014.
En lo que va de la actual administración de Peña Nieto, suman ya 9,384 los casos de desaparición forzada. De ellos, se sabe que el 40% son jóvenes (muchachas y muchachos de entre 15 y 29 años) y, dato alarmante, que uno de cada 10 es un niño de 0 a 4 años de edad (Proceso).
La calamidad se extiende. Ineludiblemente, cada una de las entidades federativas cuenta con un historial de casos de desaparición forzada. Tamaulipas encabeza la lista con 5,293 y le siguen Jalisco y el Estado de México. Pero en los distintos niveles del gobierno mexicano -coludidos con el crimen organizado- se lavan las manos como Pilatos. Niegan toda relación con los crímenes, al mismo tiempo que exculpan a las fuerzas castrenses denunciadas por familiares de las víctimas y por expertos y grupos independientes. La administración federal, dícese sorprendida por el más reciente informe (del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas) que señala que “México incumple con las obligaciones que asumió al ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas…”.
Esta es la situación que se vive en México y que el Movimiento por Ayotzinapa se ha encargado de colocarla en el centro de la atención nacional. Crimen de Estado llama a la desaparición forzada de los 43 normalistas y sostiene que es ese mismo Estado, el que organiza hoy el proceso electoral para intentar superar su crisis y atraer al ciudadano que aún guarde ilusiones, llamándolo a hacer uso del “poder de su voto” y que solo un “régimen democrático” puede ofrecer. El punto es que un vigoroso movimiento opositor está llamando al boicot de los comicios. Llama, asimismo, a la solidaridad con Ayotzinapa y clama, cada vez con más fuerza, ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fue el Estado!
Los padres y los estudiantes de Ayotzinapa sostienen que ha sido el ejército el responsable directo de la detención-desaparición de los estudiantes y de que éstos fueran llevados vivos a cuarteles militares y no a fosas clandestinas o a basureros como se dijo. Son cabeza de un vigoroso movimiento que, junto al clamor de ¡Fuera Peña!, en las calles de México llama al boicot electoral.
El avance y la radicalización de este movimiento, tiene como perspectiva un cambio de régimen que pasa necesariamente por la caída de Peña Nieto. Es por eso que el proceso electoral de este año, lo ubica como un obstáculo o una mediatización de la crítica o descrédito que el pueblo tiene hacia el sistema político electoral en este momento. Por eso desde Guerrero plantea el boicot al proceso electivo que concluye el 7 de junio. No llama a una táctica de abstención, sino a boicotear las elecciones activamente, como ya lo demuestra boicoteando el funcionamiento de las instancias electorales cuatro meses antes.
¿Es posible extender eso a nivel nacional o no es posible? Y si no es posible, ¿qué puede hacerse como equivalente para continuar la lucha por la caída del régimen político? Esto es parte de lo que discute en torno a la perspectiva política de la consigna de ¡Fuera Peña!
Para ello, debiera tomarse en cuenta que no se está frente a cualquier proceso electoral, sino que se está en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones políticos electorales y de justicia como nunca antes en la historia reciente del país y que, en ese contexto, llamar a participar en estas elecciones, es caminar por la vía del sistema para mediatizar la crisis, logrando que el descontento que se expresa en movilizaciones gigantescas se posponga, para realizar mítines de proselitismo electoral. ¿Cuál es el instrumento para desactivar el movimiento actual por Ayotzinapa dado que aún no se ha “superado” este trauma? El proceso electoral del 2015.
El sistema necesita que el movimiento regrese a los cauces institucionales y para eso ocupa que los partidos se metan de lleno a las campañas. Si el proceso electoral 2015 logra meter al movimiento en su dinámica, se contribuirá precisamente a esa re estabilización y se habrá perdido otra oportunidad histórica de cambio de régimen. Los que piden moderación, no se dan cuenta de que el riesgo de represión es mayor si el régimen logra re estabilizarse, recuperar credibilidad y dividir al movimiento para luego marginar a los “intransigentes”. En el momento de la mayor crisis política y de legitimidad de las instituciones, llamar a expresar simplemente el descontento en las urnas es apoyar a un sistema en agonía. ■
La discusión sigue abierta… (Continuará)
Fuentes: OPT / / Partido Revolucionario de los Trabajadores
