Con el título de este artículo desde luego que no me estoy refiriendo a uno de nuestros diputados de la actualidad que llegan a ocupar una curul, algunos en plena brujez y para salir de ella hacen del cargo un negocio y no se detienen en cobrar moches o aceptar sobornos para aprobar reformas, votar presupuestos o simplemente para su peculio personal. El diputado al que se refieren las siguientes líneas fue un representante popular en el gobierno de Francisco García. Tras considerar que el mayor de los males de su tiempo era la ignorancia y que sólo podría remediarse mediante la instrucción impartida en las escuelas lancasterianas, recurriendo a su espíritu filantrópico y para hacer un servicio a la juventud zacatecana, entendiendo por juventud a la niñez, ofreció ceder “ mis dietas a las escuelas que se establecieren en el Estado de Zacatecas mientras fuere diputado” 1 ¿Cuál de nuestros diputados de hoy en día sean federales o locales es capaz de desprenderse de sus sueldos para un fin tan benéfico como apoyar a la educación u otra causa de interés público” Son otros los tiempos, la mentalidad, pero, también hay que tomar en cuenta que Antonio García era miembro de la élite político económica zacatecana durante la Primera República Federal y podía darse ese lujo como otros. Pero sobre todo, fue dueño de un patriotismo que es justamente el que les fala a muchos de nuestros legisladores.
En tal sentido, el diputado García solicitó al Ayuntamiento dispusiera de sus dietas a fin de que siguiera fomentando con éxito la educación. Para ello podía mandar recoger mensualmente su sueldo en la secretaría del congreso. Sugería que con el monto de las dietas se adquiriera la hipoteca de una finca para que con los réditos que produjeran de su renta se utilizaran en beneficio de los establecimientos educativos. Dos días después, en representación del Ayuntamiento, Francisco Arrieta y el secretario del cabildo, Ignacio Zaldúa respondieron a García, diciéndole: “[…] comprensivo de la generosa dimisión que hace de los sueldos que goza como diputado de este estado a beneficio de las escuelas lancasterianas, ha acordado darle a usted las más expresivas gracias por acción tan benéfica, y que se publique su oficio en el periódico de esta capital para estímulo de muchos que miran la educación de la juventud con criminal indiferencia”.2 La benemérita acción del diputado Antonio García, el Ayuntamiento la ponía como ejemplo ante la sociedad zacatecana.
Cuando “Tata Pachito” llega a ocupar el cargo de gobernador, las escuelas públicas se establecían y eran sostenidas por el Estado, pero los fondos públicos resultaban insuficientes para hacer frente a las diversas necesidades del gasto social, por lo que no estorbaban las cooperaciones y donativos que los particulares generosamente aportaban. De algo más tendría de qué vivir el diputado para poder disponer que sus dietas se canalizaran en apoyo de la enseñanza elemental. Lo que sí es digno de reconocimiento es su desprendimiento e interés por ayudar a la instrucción pública.
Resulta difícil conocer con precisión los donativos a favor de las escuelas establecidas durante el periodo que aquí se estudia. Casi todas sobrevivieron en la penuria, sostenidas gracias a las cooperaciones voluntarias de los vecinos de cada municipalidad o del bolsillo de los dueños de las haciendas. También fue posible su creación y sostenimiento gracias a la filantropía, el fervor patriótico y la conciencia ilustrada aunada al amor a la educación de algunos ciudadanos. No faltaron aquellas que corrieron con suerte y fueron dotadas con generosos capitales como fue el caso de la de Tlaltenango. La escuela de primeras letras de este lugar cobraba en 1833 los réditos de un capital de 4 000 pesos con la que fue dotada.3 Es necesario aclarar que capitales como el donado para la escuela de Tlaltenago pasaban a formar parte de los fondos públicos para la enseñanza pública.
A raíz de la aprobación de la Ley General de Enseñanza Publica en 1831 y posteriormente de la creación de la JDEP al siguiente año, el grueso del financiamiento para abrir escuelas surgió de los montos del 15 % de los fondos públicos fijados en el artículo 25 de la ley en cuestión y los que señalaba el punto 17 del Reglamento para el Gobierno interior de los Partidos. Los fondos variaban dependiendo de la importancia y auge económico de los municipios y de los propios y arbitrios con que contaban. En ocasiones llegaron a gastar más del porcentaje correspondiente. El 8 de julio de 1832, el Gobernador Francisco García, en acatamiento al decreto del H. Congreso del 10 del mismo mes y año, instruía a la Dirección General de Hacienda para que “los gastos de enseñanza pública se hagan sola y únicamente de los fondos respectivos del ramo de enseñanza, sin que en aquellos se invierta ninguna cantidad de los fondos públicos”.4 Más claro ni el agua. Los gastos de enseñanza deberían restringirse a lo que alcanzara el equivalente del porcentaje destinado para educación. Cuando hubiera necesidad de recurrir a los fondos públicos fuera de los autorizados, éstos se entregarían hasta que el gobierno girara la orden respectiva. La disposición debería hacerse extensiva a las Administraciones de Rentas de todo el Estado. De la anterior instrucción, el Director General de Hacienda, Joaquín de Ledesma puso en conocimiento el mismo día en que la recibió al presidente de la JDEP. Al momento de girar la instrucción el gobierno, el ramo de enseñanza tenía un déficit de 828 pesos, 4 reales, y solo pondría su saldo al corriente una vez que se produjera “el grano en marco de las platas manifestadas en el presente mes”.5 A lo que se sumaría el impuesto cobrado a las haciendas de beneficio y 2 mil seiscientos pesos de la testamentaría donada por la condesa de Pérez Gálvez.6
La falta de utensilios y material didáctico y los bajos salarios de los preceptores no eran los únicos problemas que se presentaban en las escuelas, uno de los más frecuentes siempre fue el de la inasistencia de los niños. La pobreza de las familias impedía que los padres dejaran de enviar por ciertos periodos o sacaran definitivamente a sus hijos de las escuelas. En el medio rural, en los llamados periodos de aguas desde entonces se observaba lo que andando el tiempo se haría costumbre: en esta época los padres no mandaban a sus hijos a la escuela para llevárselos a sembrar y que les ayudaran en las demás labores que requerían los cultivos. En 1833, el jefe del partido de Tlaltenango, en uno de los frecuentes informes que le mandó a la JDEP, sobre este problema mencionaba que: “… con alguna frecuencia ocupan los propios padres a sus hijos en los trabajos del campo, especialmente en tiempo de aguas en que no queda ninguno en la escuela”.7 La misma autoridad en otro comunicado le hacía saber a la Junta que, en la jurisdicción bajo su cargo, en virtud de que las escuelas se sostenían con la cooperación de los padres, éstos se sentían con todo el derecho moral y la necesidad para ocupar a sus hijos “forzosamente desde las siembras hasta las cosechas…. Luego que llega el tiempo de aguas se cierran dichas escuelas y no se abren hasta el presente mes o el siguiente”.8 Desde mayo o junio y hasta octubre o noviembre, las escuelas sólo atendían a los niños que no eran requeridos por sus padres en las labores agropecuarias. Aunque como dice el documento, materialmente cerraban sus puertas. La inasistencia, en especial durante el verano, se convertiría en uno de los seculares problemas de la educación en el área rural zacatecana. En el caso específico de la escuela de Tlaltenango, para 1834, cuando el Consejo de Gobierno sustituyó a la JDEP en la administración educativa del Estado, dicho establecimiento estaba dotado con 4 mil pesos, de cuyos réditos que esta suma producía, se sostenía y pagaba el sueldo de su preceptor.9
Entre las autoridades de las municipalidades no faltaron quienes mostraron celo y disposición para comprometerse y apoyar la enseñanza pública del lugar al que representaban. En Tepechitlán, pueblo perteneciente al citado partido de Tlaltenango, su presidente municipal daba a conocer que la escuela se había establecido en enero de 1832. Sin embargo las carencias y dificultades con las que inició sus funciones se presentaron desde el principio: Por un lado los padres amagaban con sacar a sus hijos debido a lo difícil que les resultaba su subsistencia y por el otro el pago del maestro lo estaba haciendo el propio presidente pues el gobierno no remitía el dinero de su sueldo. Al demandar a la JDEP que hiciera efectivo el sueldo del maestro, el presidente de Tepechitlán ponía de manifiesto su celo e interés por la enseñanza de su pueblo: “… si mis proporciones me lo permitieran, de mi haber dotaría al maestro hasta el verificativo del decreto citado, pero mis pocos arbitrios y numerosa familia no me lo permiten”.10
Otros de los aspectos de la aplicación de la LGEP fue el relacionado con su artículo 13. Al momento de elaborar los padrones (listas) que la Junta les solicitaba con los nombres de los niños de 6 a 14 años, cuya educación debería ser obligatoria, no faltaron las excusas o justificaciones de las autoridades encargadas de cumplir con la ley. Manuel Castañeda, que a la sazón fungía como jefe político de Sombrerete, sin desentenderse de su responsabilidad comunicaba a la JDEP que no había sido posible integrar el padrón que le pedía debido a que la mayor parte de la población se ocupaba en las minas. Por tal razón, argumentaba, en cuanto crecían los niños sus padres se los llevaban a trabajar con ellos.11
Por eso es que ante este panorama educativo el gesto del diputado García de donar sus dietas en favor de la instrucción primaria era del todo encomiable y digno de emularse. ■
Referencias documentales.
(Endnotes)
1 AHEZ. Fondo Ayuntamiento, Serie Enseñanza. “El Diputado A. García cede sus dietas para el establecimiento de escuelas”, enero de 1827.
2 Ibid., fjs. 1 v y 2.
3 “Cuaderno borrador de los puntos de acuerdos del Ecsmo. Consejo de Gobierno”, op.cit. fj. 49.
4 AHEZ. Fondo Jefatura Política, Serie Instrucción Pública. Julio 18 de 1832.
5 Ibid.
6 Fueron varias y diferentes las partidas que integraron el fondo de enseñanza que fijaba el Plan o Ley General de Enseñanza Pública (LGEP).
7 AHEZ. Fondo Ayuntamiento, Serie Instrucción Pública, Subserie Generalidades, caja 3, mayo 15 de 1833.
8 AHEZ. Fondo Jefatura Política, Serie Instrucción Pública, diciembre 5 de 1832.
9 AHEZ. Fondo Jefatura Política, Serie Instrucción Pública, Subserie Generalidades, caja 3, septiembre 27 de 1834.
10 AHEZ. Fondo Ayuntamiento, Serie Enseñanza, Subserie Generalidades. Abril 10 de 1832.
11 AHEZ. Fondo Jefatura Política, Serie Instrucción Pública. 15 de diciembre de 1832.
