La elección que tuvo lugar en nuestro país el pasado domingo primero de junio fue una parte importante, pero apenas inicial, tanto del proceso de implementación de lo que conocemos como reforma judicial como de una democracia sustancial. Sin abandonar el tono crítico a lo que a todas luces sigue sin ser reconocida como la reforma que el Poder Judicial mexicano requería, es importante emprender un tono que asuma la realidad: por hoy, y en el plazo inmediato, es ésta la Constitución que rige el procedimiento para designar a los encargados de la impartición de la justicia en nuestro país. Eso no implica, y aclarémoslo de una vez, que la susodicha reforma no tenga posibilidades de matizarse. Sin embargo, esa tarea, estratégica por demás, debe considerarse en el ámbito de las posibilidades políticas y particularmente atendiendo a la actual mayoría calificada que la coalición gobernante tiene en ambas cámaras del Congreso Federal, una de las cuáles no tendrá potencial de alterarse, presumiblemente, hasta 2030. Por lo tanto, sigamos pensando cómo transitar con este procedimiento, que se oferta como democrático, para que no quede solo en su vertiente electoral, una mal entendida fórmula en la que se pretende resumir a la democracia. Nunca la democracia ha sido mera y exclusivamente un asunto de mayorías que se expresan en urnas. Si bien es un elemento inherente a ella, se consideran otros importantes ingredientes para abarcar el concepto pleno de democracia. Otro igual de importante, es la posibilidad de que la sociedad haga rendir cuentas a los representantes populares, y en general, a todos los servidores públicos. En ese sentido, toca como nunca generar espacios de análisis, seguimiento, información, participación e incidencia ciudadana para que las personas juezas, magistradas y ministras electas, no cesen de ser sujetos del escrutinio público. Es más, según parece, una vez que han sido elegidos, estos operadores de la judicatura, es cuando se acrecentó la oportunidad de un seguimiento puntual y serio, dado que, anteriormente, al ser un número tan extenso, acaso se realizaron análisis de la envergadura suficiente para las candidaturas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el novedoso Tribunal de Disciplina Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Luego entonces, cabe, a partir de ahora, exigir y hacer que se cumpla la promesa de un Poder Judicial cercano, transparente y abierto. Hay en el propio andamiaje jurídico recién configurado, figuras que lo posibilitan, por ejemplo, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que hace a la apertura institucional y la transparencia con sentido social. Así pues, el recién instalado Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública debiera promover, en los lineamientos que emita para tal efecto, políticas de avanzada en este sentido, incentivando la construcción de observatorios ciudadanos (particularmente integrados por miembros de las Barras de Abogados, asociaciones análogas, las Facultades de Derecho, medios de comunicación, comisiones de Derechos Humanos y organizaciones de víctimas), que vigilen, desde el sentido de las sentencias y la pulcritud del debido proceso, el actuar y desempeño de las personas juzgadoras. Tales instrumentos, además, podrían ser de mucha utilidad para el futuro Tribunal de Disciplina, tanto a nivel federal como en los estados, y de su Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, y análogos en lo local.
Son éstos apenas unos apuntes para iniciar una nueva etapa de la participación, incidencia y vigilancia ciudadana en un poder del Estado, que no está de más reconocerlo, siempre ha sido el más reacio y complejo de someter a dichos mecanismos de justicia abierta. No es renegando de la reforma como se logrará mejorar o matizar. Toca labor ciudadana en serio.
@CarlosETorres_
