Blanca Teresa Rodríguez González, con 17 años de trayectoria en la materia laboral, aparece en la boleta amarilla con el número 05 como candidata a jueza laboral federal en Zacatecas. Su perfil combina experiencia en litigio, participación en mesas sindicales y funciones jurisdiccionales, lo que -afirma- le permite conocer a profundidad los distintos ángulos del conflicto obrero-patronal.
Actualmente es secretaria instructora en un tribunal especializado en materia del trabajo. Desde ahí ha participado en el proceso de consolidación de la nueva justicia laboral, luego de la reforma que trasladó las atribuciones de las juntas de conciliación a los tribunales del Poder Judicial. Esa transición, dice, ha abierto oportunidades para reforzar la transparencia y el acceso efectivo a la justicia.
La candidata destaca la importancia de dejar atrás los excesos de formalismo y centrarse en resolver de fondo los casos, sobre todo en una materia como la laboral, en la que la desigualdad estructural entre las partes exige especial sensibilidad.
Desde su experiencia, remarca que estos procesos deben conducirse con perspectiva de derechos humanos, reconociendo vulnerabilidades específicas como las que enfrentan mujeres, migrantes o menores de edad.
Rodríguez González parte de la premisa de que el sistema judicial debe acercarse a la ciudadanía. Considera que uno de los mayores reclamos sociales es que la justicia resulta lejana y poco comprensible. Por ello, subraya que las sentencias deben ser claras, accesibles y útiles para quienes acuden a los tribunales, sin necesidad de traducciones técnicas por parte de abogados.
Sostiene que el combate a la corrupción empieza desde el momento en que se eligen los perfiles judiciales. En ese sentido, recalca que su candidatura ofrece experiencia e independencia. “La impartición de justicia no admite improvisaciones”, afirma.
También enfatiza la relevancia de la capacitación constante de los jueces. A su juicio, el derecho laboral ha cambiado radicalmente en la última década, tanto en contenido normativo como en criterios jurisprudenciales. En este contexto, la formación continua ya es una exigencia.
Respecto a la transparencia, subraya que hoy las audiencias laborales son públicas, se videograban y las sentencias son accesibles. Aun así, insiste en que estas medidas deben fortalecerse con apoyo tecnológico y voluntad institucional. Reconoce que aún hay resistencia al expediente electrónico, ya sea por desconocimiento o por falta de acceso a herramientas digitales, y que los tribunales deben facilitar su uso.
Blanca Teresa plantea tres claves para recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial: decisiones de fondo más que formalismos, sentencias claras y comprensibles, y mayor difusión del trabajo jurisdiccional. “No se puede confiar en lo que no se conoce”, advierte. Por eso, apuesta por una justicia visible, accesible y con rostro humano.
“Cada asunto que tenga que resolver se va a resolver con lo que obre en ese expediente y conforme a las leyes que sean aplicables, no conforme a una indicación o algún compromiso político o económico”, concluye la candidata.
