■ No se retirarán hasta que Peñasquito acepte negociar, dicen
■ Tienen 72 horas para ratificar la detención arbitraria de 10 de sus integrantes
Luego de las detenciones del pasado jueves 7 de mayo de 10 campesinos del ejido Matamoros, del municipio Melchor Ocampo y su posterior liberación este fin de semana, la tensión entre la minera Peñasquito y los ejidatarios persiste, y aseveró el representante de estos últimos, Rodolfo Cisneros, sólo se ha agravado con el acoso de que han sido objeto, esto es, la presencia en varias ocasiones de Policía Estatal, Ejército y las citadas privaciones de la libertad, así como la intervención de personajes que no tienen representación ni capacidad para tomar decisiones en el arreglo que buscan tener con la empresa canadiense.
De esta manera expuso, mantienen los bloqueos en la entrada a la comunidad y los caminos que dirigen al lugar donde mantenían un plantón en demanda de la apertura de una mesa de diálogo con la minera, obstrucciones que aseveró, no serán retiradas hasta que no se les presente un compromiso por escrito firmado por directivos de Peñasquito con capacidad para la toma de decisiones y en que se asienten los detalles para sentarse a negociar.
Hasta las tres de la tarde de este lunes, momento en que se realizó la entrevista con este medio, Rodolfo Cisneros no había recibido comunicación de la empresa, como se habría comprometido a hacer el pasado sábado a través de integrantes de su oficina de Relaciones Comunitarias.
Por otro lado, Héctor Ramírez Ríos, asesor adscrito a la oficina de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, quien tuvo una conversación con el campesino alrededor de las 13 horas de ayer, sólo reiteró desde la parte gubernamental la petición de que se retiren de la zona que mantienen en control. Pero al solicitarles los ejidatarios nombres de quienes por parte de la empresa se sentarían a dialogar con ellos, respondió: “te hablo más tarde…y hasta ahorita no ha hablado”, dijo Rodolfo Cisneros.
Ayer también, los ejidatarios fueron notificados acerca de un plazo de 72 horas, que inició a partir de las 11 horas, para ratificar la queja interpuesta en la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Concepción del Oro, respecto a la que han señalado, la detención arbitraria de 10 de sus integrantes por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que aseveran se realizó sin orden judicial y en ausencia de flagrancia.
Los ejidatarios mostraron durante la entrevista fotografías en las que se exhiben obras en proceso que se realizan dentro del terreno convenido con Peñasquito Goldcorp, en carácter de servidumbre de paso, esto es, sólo para el tránsito de personas y cosas, no para la construcción de infraestructura, y que señalan como una violación al acuerdo firmado con la canadiense en 2013.
Argumentan también, la presencia de la industria extractiva afectará sus tierras y agotará el manto acuífero sobre el que actualmente viven, hechos en los que fundamentan su petición de lo que denominan “una gratificación”, estimada en 2 millones 300 mil dólares, pues adelantó Rodolfo Cisneros, les queda claro que cuando la minera se vaya, ellos y sus familias, que sólo para Matamoros suman alrededor de 700 personas, tendrán que emigrar para siempre, pues ya no habrá líquido con qué sembrar ni tierras sanas que cultivar.
Aprehensión de campesinos se realizó sin que mediara una orden judicial: FPLZ
Contrario a lo expuesto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) que precisó los 10 ejidatarios de Matamoros, territorialidad del municipio Melchor Ocampo, fueron liberados “con las reservas de ley”, Felipe Pinedo, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) dijo, su detención desde un inicio fue ilegal y no era posible retenerlos más allá de las 48 de la averiguación previa, por lo que fueron liberados “sin ningún cargo”.
De haber sido retenidos, luego del que denominó su “secuestro institucional”, las autoridades se habrían metido en un problema mayor al actualizarse el delito de privación ilegal de la libertad.
Pinedo Hernández nombró esta como una “política de amedrantamiento” impuesta por Gobierno del Estado por instrucciones de minera Peñasquito, filial de la empresa canadiense Goldcorp, para la que se utiliza el Estado de Derecho de manera arbitraria, pues la policía que debería resguardar los derechos de la sociedad es utilizada para reprimir y en este caso para “levantar”.
Argumentó lo anterior señalando que la detención de los campesinos se realizó sin que mediara una orden judicial o flagrancia. Esta última no se sostiene dijo, en tanto que “desde el día 20 de abril estaba la toma y había ya un proceso de acercamiento entre las partes”.
Dijo desde el momento en que los 10 hombres que hacían guardia en la toma que mantenían para evitar los trabajos de instalación de unas obras eléctricas e hidráulicas de Peñasquito que señalan violan el acuerdo firmado con ellos en 2013, fueron dejados en libertad sin ningún cargo, las autoridades reconocen por la vía de los hechos que en Zacatecas es utilizada la policía para hacer “levantones institucionales”.
Calificó el asunto como grave y aunado a la falta de apoyo de Gobierno del Estado hacia la gente de Zacatecas, “pues se ve claramente que los ejidatarios de Matamoros están aislados, no hay un solo funcionario de primer nivel que haya ido a visitarlos para ver qué pueden hacer al respecto”.
Por el contrario, destacó las notas periodísticas que exhiben al gobernador Miguel Alonso Reyes en su reunión con “la plana mayor de Goldcorp, pero no es capaz de reunirse con los ejidatarios a quienes él representa o debería de representar realmente”.
El asunto de fondo no es el dinero dijo, sino el que minera Peñasquito continúa haciendo contratos en los que juega con los ejidatarios porque son neófitos en estos temas y no están siendo asesorados para la firma de los convenios.
Su contraparte en contraste, cuenta con un gran despliegue de abogados, citó al ex subprocurador de Justicia, Francisco Martínez Gallo, quien ahora se encarga de los asuntos penales de la empresa canadiense en Zacatecas, y el despacho Gabino Fraga del Estado de México, quien la asesora.
Pinedo Hernández negó que hubiera un área de Relaciones Comunitarias en Peñasquito Golcorp, pues dijo, lo que quieren son “relaciones de subordinación”, hecho que logran gracias a que no se orientan los recursos que se entregan a las comunidades con una estrategia de planeación para la concreción de proyectos autogestionarios que garanticen sustentabilidad y viabilidad económica “cuando la minera ya se vaya”. Al respecto agregó, “nosotros como Frente Popular de Lucha de Zacatecas estamos trabajando en esa parte”.
