■ Se trata de percepciones que también tienen los poderes Legislativo y Judicial: secretario
■ Ejecutivo, con 98.5 en transparencia; se han aplicado 74 auditorías en el último año, dijo
No hay delito que perseguir en los bonos de productividad que funcionarios de gobierno reciben mensualmente, no son percepciones propias del Ejecutivo sino también del Legislativo y Judicial, advirtió el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza durante su comparecencia ante Comisiones Unidas de la 61 Legislatura con motivo del cuarto informe de gobierno de Miguel Alonso Reyes y en el rubro de Zacatecas Unido.
La llegada inesperada de la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano Cantú previo al inicio de la sesión, para entregar al priísta Cliserio del Real las presuntas pruebas de la nómina secreta de gobierno que sería de 634 millones de pesos en lo que va del sexenio, obligó al encargado de fiscalizar los recursos públicos a responderle en su discurso y pedirle tenga un “poco de vergüenza” porque cuando ella fue funcionaria en el sexenio de Ricardo Monreal se llevó por ese concepto, 52 mil pesos mensuales en tres años.
Guillermo Huizar durante la glosa presumió que el Ejecutivo tiene una calificación de 98.5 sobre 100 en transparencia, según la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), la SFP en el último año realizó 74 auditorías con observaciones por un monto de 444 millones de pesos, de 662 procesos de licitación, sólo uno tuvo inconformidad y hay toda una estrategia para detectar el diezmo. Sin embargo, el mensaje más directo lo dirigió a la diputada ausente, la cual en últimos meses ha acusado al Ejecutivo de supuestos actos de corrupción.
A la petición de la diputada de eliminar los bonos compensatorios de la partido 1711 del Presupuesto de Egresos, el secretario de la función pública opinó que esa solicitud tiene una intencionalidad política evidente. “No se vale que cuando fue funcionario lo recibió, ahora que está del otro lado pide se elimine, debe prevalecer la congruencia y no sólo hacer acusaciones denigrantes al aire”.
Justificó incluso que los bonos tuvieron razón de ser para disminuir el efecto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero ahora no se le llama bono, porque la compensación está sujeto al salario integro, de modo que son cantidades que todos conocen al ser públicas, aunque sin dar cifras, aseguró que el dato de los 634 millones de pesos es falso.
Descartó por tanto iniciar una investigación al respecto, y pidió que no se maneje el tema como si fuera un descubrimiento, porque todo indica dolo e intencionalidad política para dañar a las instituciones y la sociedad.
Caso cerrado, Huizar aseguró que desde la llegada al gobierno de Miguel Alonso Reyes, Zacatecas presenta rostro diferente en materia de trasparencia pues una nueva ley, nueva página, se crearon unidades especializadas de transparencia. Es así que el portal de Internet tiene 350 visitantes al día, 120 mil en un año, con nivel de satisfacción de 99 por ciento. Mientras que en Infomex son mil 340 solicitudes.
Dijo que entre las principales quejas que la gente presenta en contra del gobierno está el maltrato por parte de servidores públicos en 35 por ciento, 28 por falta de medicamentos en hospitales y 23 por ciento negación del servicio.
Los legisladores asistentes, todos del PRI, PVEM, Panal y uno del PAN (una vez más faltó la oposición) cuestionaron al funcionario acerca de irregularidades en licitaciones, auditorías hechas a dependencias como Tránsito del Estado y Colegio de Bachilleres, uso de vehículos oficiales en horas que no son trabajo, además, le recordaron que no pudo “agarrar ningún pez gordo” de la pasada administración, combate a la corrupción en general.
Les respondió que se han fortalecido los mecanismos para vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos, de modo que se tienen 2 mil 843 de 2 mil 845 declaraciones patrimoniales, la SFP ha asistido a mil 613 licitaciones públicas en las cuales se encontraron 150 observaciones, todas ya solventadas.
Se iniciaron 423 procedimientos administrativos de responsabilidades, 247 ya concluyeron y a 50 ya se les notificó de las resoluciones correspondientes. Las principales observaciones se dan por recursos ejercidos en gastos no comprobados, pagos en exceso o conceptos de obra no ejecutados.
Como ha sido en los últimos años, Huizar justificó que sanciones a ex funcionarios no se pudieron aplicar por la inconstitucionalidad de la antigua Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Tras detallar cifras y responder preguntas, Guillermo Huizar admitió que sería ingenuo decir que no pasa nada en el tema de la corrupción, “sí pasa pero no igual que en la administración anterior”.
Agregó únicamente que durante el año en mención, la CEAIP aplicó 2 millones de pesos en sanciones económicas por violaciones a la Ley de Transparencia pero el ciento por ciento fue para funcionarios municipales.
