Legisladores, gobernadores, alcaldes o en otro cargo donde se planee, diseñe, decida y ejecute alguna política pública ambiental conlleva una responsabilidad civil y moral.
Existen casos en nuestro país en los cuales amerita estudiar el interés principal que soporta el plan público ambiental ¿a quién o a quiénes beneficiaría, el cómo y el plazo?
Reza un dicho popular “el que nada debe, nada teme” si antes de aprobar e implementar la política pública o proyecto el servidor público proporciona a la ciudadanía “todos” los datos, estudios y sustentos de la misma, incluso alienta la participación activa de los sectores que conforman al municipio y al estado, se evitaría el mal uso de los recursos naturales y económicos.
La moral se puede definir como el conjunto de normas que rige la conducta o comportamiento de los seres humanos, pero también es el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social; en el fondo ambas definiciones se vinculan al bien común.
Hoy en día, una mala práctica dada es –la ocultación del proyecto ambiental- por parte de ciertos gobiernos, claro con la finalidad de actuar y ejecutar dentro de la ignorancia del pueblo, crean una cortina para trabajar en lo “oscurito” y cuando llega el momento sólo hacen público “algunos beneficios ficticios” con los cuales pretenden o engañan a la ciudadanía.
Es aplaudible aquel gobernante que se deja asesorar y aconsejar por la ciudadanía en búsqueda del bien común de las generaciones presentes y futuras, recordemos que los puestos públicos son temporales pero algunos de los recursos naturales son no renovables.
¿Cuál es el costo real de las políticas públicas ambientales?, ¿beneficia a nuestro entorno inmediato o a otros más lejanos?, ¿se han medido las consecuencias sociales, culturales, ecológicas y económicas?, ¿se han cancelado proyectos similares a éste?, ¿quién es el dueño del capital invertido?, ¿cuál es y será el impacto sobre la biodiversidad local?, ¿nombre y grado de los peritos?, ¿existe plan de contingencia?
Si el gobernante no informa a la población ¿Por qué debemos presumir su buena moral?, cuidado se debe tener, se debe exigir el plan completo, a cien por ciento, tener el panorama completo y claro el tiempo también es vital, dicha información debe ser pública desde que el gobernante lo está planeando. Estimado lector ¿cuántos casos conoce usted donde la información queda velada y se revela sólo parte de esta hasta que se está ejecutando el proyecto ambiental?
También se debe tener cuidado de algunos –foros de consulta- que podrían ser sólo una “pantalla” de justificación de acción, es decir, se hace todo un teatro para invitar a la participación ciudadana pero dándole información parcial o guiada a un punto de interés del gobernante, después el proyecto o política se basa en falacias.
Los recursos naturales deben usarse en un contexto de desarrollo sostenible, si es bueno para nuestras generaciones futuras lo será para nosotros. ¿Si ahora afectamos nuestra agua, nuestro cielo, nuestra tierra y nuestra biodiversidad que les diremos a nuestros nietos?
Un pueblo culto puede confrontar a un gobierno corrupto.
La justicia ambiental incluye el derecho a la información. ¿Cuáles proyectos o políticas públicas ambientales se están gestando en su ciudad con la intervención total de la ciudadanía? ¿Sí los recursos naturales son de todos por qué los gobernantes deciden sobre ellos a escondidas? ¿Qué ocultan: el beneficio personal que obtendrán o su propia ignorancia?
@lazoazul
