En conferencia de prensa, el diputado migrante, Roberto Lamas exigió al Gobierno de Estados Unidos respeto a los derechos humanos de los migrantes, el cumplimiento del debido proceso en las deportaciones y condiciones dignas durante su detención.
Por su parte Isadora Santivañez demando al gobierno mexicano, especialmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno de Zacatecas, que implementen políticas públicas reales para apoyar a los migrantes deportados, con acceso a empleo, servicios básicos y atención inmediata, y no solo medidas simbólicas.
Según detalló Lamas, desde el pasado 6 de junio agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) iniciaron operativos en distintos puntos de Los Ángeles, durante los cuales al menos 44 personas fueron detenidas en procedimientos administrativos. Entre los arrestados se encontraba David Huerta, dirigente sindical y presidente de la CEIU de California, quien resultó lesionado y tuvo que ser hospitalizado; fue liberado al día siguiente.
Ante esto, expresó su preocupación por la situación, afirmando que “vivimos momentos en los que los principios de respeto, justicia, derechos humanos, están siendo profundamente vulnerados”. Además, hizo un llamado a las autoridades para detener esta crisis humanitaria y respetar los derechos de las comunidades migrantes.
Según explicó la respuesta de la comunidad no se hizo esperar. El 7 de junio cientos de migrantes para denunciar los excesos y exigir respeto a sus derechos. Por lo que, en menos de 48 horas, las detenciones en la zona alcanzaron un total estimado de 150 personas, incluyendo periodistas que cubrían las redadas, algunos de los cuales resultaron heridos en los enfrentamientos.
El 8 de junio, la situación se agravó aún más cuando el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de hasta 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. La medida fue calificada como “inconstitucional” la alcaldesa Karen Bass como por el gobernador, quienes presentaron acciones legales.
Además, mencionó que el Pentágono confirmó el despliegue formal de 700 marines provenientes de la base militar de 29 PADS, que reforzarán las acciones de ICE y la Guardia Nacional en Los Ángeles. En medio de estos operativos, al menos 42 migrantes mexicanos fueron recluidos en condiciones indignas en un sótano improvisado en el edificio federal Edward R. Roybal. Según dijo el Consulado de México en Los Ángeles confirmó la detención de al menos 35 connacionales y expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran.
Ante esto, Lamas enfatizó que “la migración no es un delito, es una expresión legítima de esperanza”. Reclamó que “los migrantes han sido parte fundamental del desarrollo de ambas naciones” y que hoy “se les responde con violencia, con redadas, con miedo”.
Pidió que cada persona detenida tenga acceso a una notificación oficial, a una audiencia justa ante un juez migratorio, al derecho de solicitar algún tipo de alivio migratorio, y a presentar pruebas y testigos. También subrayó la importancia de que las decisiones sean tomadas por jueces imparciales y, en caso de deportación definitiva, se coordine con los consulados para garantizar una salida digna.
Por su parte, la diputada Isadora Santivañez, respaldó el mensaje de su compañero y lamentó la grave situación migratoria provocada. Por lo que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum impulse políticas públicas reales, que vayan más allá de apoyos simbólicos o vales de regreso.
“Lo que se necesita no son paliativos, sino condiciones reales para que los migrantes puedan encontrar trabajo, emprender y tener un futuro en México si deben regresar. Porque hoy no lo tienen ni allá, ni aquí”, dijo.
Posteriormente Lamas denunció la falta de acciones reales del Gobierno estatal para apoyar a los migrantes zacatecanos deportados desde Estados Unidos. Aunque existe una ventanilla de atención, señaló que no es inmediata ni accesible para quienes regresan en condiciones vulnerables, sin documentos o recursos básicos.
Expuso que, en 2024, más de 5 mil zacatecanos fueron deportados, pero menos del 3 por ciento recibió algún tipo de apoyo estatal.
Criticó la falta de coordinación entre la Secretaría del Zacatecano Migrante y los legisladores, afirmando que, a pesar de múltiples solicitudes de reunión, nunca se concretó un encuentro formal para generar una agenda conjunta. También cuestionó la desaparición de las oficinas de representación del gobierno de Zacatecas en EU, lo cual ha limitado la comunicación directa con la comunidad migrante.
Lamentó que muchas de las políticas se han politizado o simplemente no se ejecutan, y que gran parte de la responsabilidad se ha trasladado a las federaciones y clubes de zacatecanos organizados, dejando fuera a miles de personas que ni siquiera saben que existe una Secretaría para ellos o representación legislativa.
Finalmente, llamó a dejar de lado los colores partidistas y a actuar con responsabilidad para garantizar derechos, apoyo y oportunidades reales para los zacatecanos deportados.
“No venimos a pedir privilegios, venimos a exigir respeto y resultados. No todo depende de nosotros como legisladores; si no hay voluntad del Ejecutivo, no habrá cambios reales”, concluyó.
