En sesión de la LXV Legislatura de Zacatecas se aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que endurece las sanciones por abuso sexual infantil. También se exhortó al Congreso de la Unión a abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y se propuso citar a funcionarios estatales para rendir cuentas sobre la cancelación del Viaducto Elevado.
La Comisión de Justicia de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Zacatecas presentó y logró la aprobación unánime de un dictamen que reforma varios artículos del Código Penal local. Este dictamen contempla modificaciones clave en la tipificación y penalidad del delito de abuso sexual, con especial énfasis en la protección de la niñez.
El diputado Martín Álvarez Casio destacó que estas reformas están alineadas con compromisos internacionales adoptados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos jurídicos que garantizan la protección integral de las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, abuso y negligencia.
En materia de abuso sexual infantil, el dictamen introduce sanciones más severas y amplía la definición del delito para incluir no solo actos físicos sino también la exposición de menores a contenidos sexuales, con penas proporcionales al daño causado y la vulnerabilidad de las víctimas. Se elimina además la posibilidad de beneficios preliberacionales para agresores sexuales, en un esfuerzo por cerrar las puertas a la impunidad y enviar un mensaje firme de protección a la niñez zacatecana.
Durante la sesión plenaria, la diputada Isadora Santibáñez, promotora de la iniciativa, enfatizó la urgencia de esta reforma para dar justicia a las víctimas y proteger los derechos fundamentales de la niñez, alineando la legislación local con los estándares internacionales y federales. Otras diputadas expresaron su reconocimiento al trabajo técnico y político realizado para lograr esta reforma que representa un avance histórico en la legislación zacatecana.
Por otro lado, con 25 votos a favor y 3 abstenciones, se aprobó el Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Renata Ávila Valadez, mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a abrogar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada el 31 de marzo de 2007, y a iniciar el proceso legislativo para expedir una nueva ley en materia de seguridad social que garantice los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
La exposición de motivos señala que la Ley del ISSSTE de 2007 impuso a miles de trabajadores la elección entre dos regímenes sin suficiente información ni respaldo jurídico, generando efectos adversos e irreversibles. Se destaca que más del 60 % de los jubilados bajo el régimen de cuentas individuales reciben pensiones por debajo del salario mínimo, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad.
Además, se señalan problemas de opacidad, rentabilidad limitada y minusvalías en el sistema Pensionissste, así como la falta de perspectiva de género en la ley, que agrava las condiciones de desigualdad para las mujeres trabajadoras y pensionadas.
Por su parte, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo mediante la cual se propone citar a comparecer, ante el Pleno Legislativo, a los titulares de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con el objetivo de que informen de manera detallada sobre las acciones realizadas y por realizar en relación con la cancelación del proyecto de infraestructura denominado “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”.
Asimismo, se plantea la creación de un grupo de trabajo legislativo con participación ciudadana que dé puntual seguimiento a los procesos derivados de dicha cancelación.
La iniciativa sostiene que la falta de consenso y la manipulación de sectores sociales durante el proceso evidenciaron un ejercicio autoritario por parte del gobierno estatal. Por lo que destacó que, gracias a la acción colectiva y jurídica de la sociedad civil, se obtuvieron suspensiones judiciales que concluyeron con la cancelación del proyecto, no por atención a las demandas ciudadanas, sino por intereses económicos y corporativos.
Por ello, subrayó que la cancelación no puede concluir con un anuncio en conferencia de prensa, sino que debe traducirse en un ejercicio de rendición de cuentas, en el reencauzamiento participativo de los recursos públicos involucrados, y en la apertura de procesos de fiscalización e investigación por posibles actos de corrupción.
En este sentido, la propuesta contempla habilitar mecanismos digitales y presenciales para que la ciudadanía pueda participar con preguntas a los funcionarios citados; fijar, antes del 15 de junio, la fecha de la comparecencia; e instalar una Comisión Especial para el Seguimiento de la Cancelación del proyecto, la cual deberá incorporar mecanismos de participación ciudadana, colectiva y de organizaciones no gubernamentales.
