Existe un juicio en el Tribunal Laboral de la región Centro-Sur en contra del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ). Uno más, pues hubo otro relativo a la integración del padrón y que perdió el SPAUAZ por lo que, entre otras cosas, se anuló un padrón construido con criterios patronales por la secretaria general. Aquí lo relevante no debería ser lo jurídico, sino la naturaleza de la toma de decisiones en el sindicato. Del juicio ya perdido por la secretaria general quedó claro que la exigencia de ciertos requisitos por parte de ella fue un abuso. Como fue un acto antidemocrático querer hacer el padrón ella sola con sus interpretaciones subjetivas, y demostradamente erróneas, de la Ley Federal del Trabajo. Ahora el juicio es contra la imposición de representantes sindicales en la comisión mixta de admisión adscripción y promoción UAZ-SPAUAZ. De nuevo, la secretaria general decide, ella sola, a quien nombrar en la mencionada comisión y se autonombra. Aduce tener todas las facultades, pero no es capaz de señalar dónde en el Estatuto se le confieren. Cuando al fin refiere un artículo (el 32) no logra explicar de qué manera ese artículo le otorga potestad para nombrar si no lo dice explícitamente. Nada más dice que el secretario o secretaria generales son los representantes legales del sindicato. Ante esto, reviran los asesores de la secretaria general, para decir que en ese artículo están las atribuciones, pero implícitas. Y si no están implícitas, pues ni eso pueden demostrar, resulta que siempre se ha hecho así en el SPAUAZ. Se nombra por dedazo. En este punto, para sostener su felonía, recurren a una estrategia en dos frentes. Por el lado jurídico hacen reposar el peso de su argumentación en el Dr. Antonio Guzmán Fernández y en elI.Q. Crescenciano Sánchez Pérez. Conocidos por ser quienes despojaron, por un año, a los sindicalizados de contratación colectiva. No deja de ser curioso que con ellos, mediante un argumento de plano torpe, decidan justificar un acto anti democrático. Mientras que por el lado político manipulan a los sindicalizados que obtuvieron su cambio de nivel en la comisión mixta de admisión. Los hacen creer que se les quiere quitar su derecho, cuando de lo que se trata es de rectificar los fraudes que comete la secretaria general al firmar documentos sin la necesaria representación. Todos aquellos que fueron promovidos no perderán nada, pues sus derechos están a salvo. Cualquier afectación, si la hubiere, será responsabilidad de la secretaria general, quien a sabiendas de un juicio en su contra decide emitir documentos sin tener la certeza de haber actuado bien. Eramás fácil, simple y congruente con el espíritu democrático de los estatutos convocar a una Asamblea General y demostrar la legitimidad con aquello de lo que se vanagloriala secretaria general: el apoyo mayoritario hacia su proyecto.Carecen de argumentos y recurren a personajes siniestros, anti democráticos e involucrados en “estafas maestras” para apuntalar algo que podría ser resuelto mediante la fuerza de las masas. ¿O no la tienen? Sabotear padrones no demuestra confianza en poseer el apoyo de las mayorías, tampoco nombrar de manera unilateral es una práctica de quien está seguro de su creciente popularidad. Al contrario, son actos de desesperación ante un escenario de debilidad. Recordemos que la secretaria general ganó con dos votos fraudulentos que le debe al notario. No pudo sacar la reforma estatutaria pues excluyó a más de 500 agremiados y estos la demandaron. Tampoco logró ganar la votación de una huelga que promovió con todos los recursos a su alcance. Perdió por 37 votos. Se nota que el sindicato está dividido y que el “proyecto” del grupo que controla el comité ejecutivo consistía, pues ya no resulta viable, en expulsar a la mayor cantidad de agremiados y ganar todas las delegaciones posibles a cualquier costo, para construir una mayoría en el sindicato para volverlo una “maquina de guerra” y debilitar al rector para generar la candidatura de la Dra. Jenny González Arenas a la rectoría. Esto explica el autoritarismo en el sindicato, pues quien lo dirige actúa en función de las definiciones políticas de un grupo en particular, y no de todos los sindicalizados. Esa actitud facciosa está en el origen de un conflicto que ya no tiene remedio. Por un lado, aquellos que por soberbia, ambición y estrechez de miras quieren, a través de la manipulación y la mentira, arrebatar sus derechos a más de un tercio de los agremiados, y por otro estos sindicalizados radicalizados en la crítica y defensa de sus prestaciones que resisten las embestidas de un comité ejecutivo apatronado. Por lo pronto los agremiados deben tener claro que está en juego la organización democrática del sindicato. Y que la opción que se ofrece por la secretaria general es la de más crudo autoritarismo, pues quienes hoy deciden al margen del estatuto quisieran poder “legalizar” sus actos con una legislación ad hoc a sus fines. Así podrían expulsar a placer, definir delegados, hacer paros generales sin consultar a nadie, utilizar los dineros del sindicato sin dar cuentas a nadie. Y debe el SPAUAZ los informes financieros.
El SPAUAZ en su laberinto. La tormenta
