Arturo González Aragón, auditor superior de la Federación de 2002 a 2009, escribió un documento que publicó el semanario Proceso que contiene conceptos pertinentes con la nota principal de hoy de nuestro periódico. “Hay un postulado supremo en las democracias que no admite discusión: El pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se somete al escrutinio de la sociedad.
En México cada vez tenemos más información de los programas y las acciones de gobierno, pero también tenemos menos rendición de cuentas, pues la detección de conductas indebidas de los hombres públicos casi nunca tiene consecuencias.
Vivimos casi en la total impunidad. En lugar de castigarlos se les encubre, justifica, protege, solapa o ampara y en el peor de los absurdos se les premia. La complicidad y el intercambio de complacencias alimentan la corrupción y la impunidad que nos hacen parecer un país de cínicos. Nuestro Estado de Derecho es una verdadera caricatura.
La ineficiencia, la corrupción y el abuso de poder de los gobernantes los hace incapaces de representar a la sociedad. La capacidad de escuchar y atender las legítimas demandas de la sociedad es una de sus obligaciones, la nuestra como ciudadanos implica exigir, denunciar, participar y ser corresponsables de construir un mejor país en beneficio de todos.
La posibilidad de llamar a cuentas a los gobernantes es una de las condiciones necesarias de la democracia. Toda democracia debe contar con la posibilidad institucional de obligar a los hombres públicos a rendir cuentas a la sociedad. La rendición de cuentas debe ser pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos.
Los gobiernos que no aceptan rendir cuentas para ser fiscalizados, los que rechazan la transparencia y la medición de resultados tienden a ser gobiernos antidemocráticos con altos niveles de corrupción.
El servicio público debe ofrecer al ciudadano un rostro sin máscara, un rostro que no se oculte y muestre el sentido más amplio de su desempeño y de su compromiso con los más altos valores de la patria. Para lograrlo, gobierno y sociedad deben darse cuenta de que los verdaderos cambios no están solamente en las leyes, sino también en las conciencias de todos los mexicanos.
Creemos firmemente que el imperio de la ley y la prevalencia del Estado de Derecho deben estar siempre presentes como premisa ineludible de cualquier acción de gobierno. El intercambio de complacencias debe ser erradicado de toda acción política. Los órganos autónomos no deben actuar como fábrica de indulgencias plenarias.
El ejercicio profesional del poder implica no sólo la premisa de que quienes participan en la actividad pública asuman las consecuencias jurídicas de sus actos, sino que al mismo tiempo rijan su actuación con base en valores éticos y morales, mirando siempre el interés superior de la nación”.
Siempre he afirmado lo siguiente: “No hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo. Las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que proporcionan los cargos públicos, merecen la peor condena de la sociedad y por ende el más severo de los castigos”.