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viernes, 9 mayo, 2025
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■ Señalan la inclusión de familiares de funcionarios en la nómina del municipio

Ayuntamiento de Jerez está plagado de nepotismo

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Por: Mitzi Martínez •

Julio César Bañuelos, mejor conocido como “Julio Vlogs” por su canal de YouTube, expuso situaciones de nepotismo en la actual administración municipal de Jerez, exhibiendo a familiares de regidores, del director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez (Simapaj), y del mismo alcalde Rodrigo Ureño, que se encuentran en la nómina del Ayuntamiento.

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El pasado 4 de marzo, Julio presentó una demanda ante el Órgano Interno de Control del municipio de Jerez, donde detalló con nombres, puestos, parentesco y sueldos, a cada uno de los familiares de altos funcionarios de la demarcación. 

En la demanda se señala que, de acuerdo con el Artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), se identificaron contrataciones irregulares de familiares de funcionarios públicos en el Simapaj y en la Presidencia Municipal. 

En Simapaj, el alcalde Rodrigo Ureño logró incluir a tres de sus familiares: Marisol Casas González, quien es su cuñada y tiene un puesto en Atención al Público, recibiendo como sueldo mensual bruto 10 mil pesos; a Álvaro Casas González, su cuñado que tiene un puesto como comisionado, recibiendo 12 mil pesos al mes; y a su primo Raudel García Ureño, quien funge como subdirector del Simapaj y recibe 18 mil pesos mensuales más un bono de 8 mil 750 pesos. 

Fotos: LJZ

Mientras que en la Presidencia Municipal, el director del Simapaj, José de Jesús Castañeda de Haro, tiene parentesco con tres trabajadores: Gerardo Castañeda de Haro, su hermano, quien trabaja como encargado del Parque Vehicular y recibe al mes 13 mil 255 pesos; Kimberly Elizabeth Castañeda Martínez, su sobrina, es la encargada del Departamento de Ecología y Uso del Suelo, recibiendo como sueldo bruto mensual 10 mil 869 pesos; y su esposa, Dianessy Patricia Gutiérrez García, quien funge como encargada de la Jefatura de Servicios en el DIF Municipal, cobrando al mes un sueldo de 13 mil 255 pesos. 

Fotos: LJZ

En cuanto a nepotismo dentro del Ayuntamiento de Jerez, también destaca el asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno Municipal, Carlos Uriel Berumen de la Torre, quien es nada menos que el hermano de Samuel de Jesús Berumen de la Torre, actual secretario de Gobierno y recibe un salario de 18 mil 252 pesos mensuales. 

Julio también señala en la demanda el hallazgo de desvío de recursos públicos al detectar salarios “inflados” sin justificación legal, como lo son los de:

  • Pedro Antonio Miranda Hernández, chofer del alcalde, quien gana al mes 28 mil 425.68 pesos.
  • Jacquelina Martínez Juárez, jefa de Gabinete, quien cobra mensualmente 52 mil 199.86 pesos.
  • Mónica Alejandra Martínez Duarte, tesorera, que gana 42 mil 823.58 pesos mensuales.
  • Simitrio Quezada Martínez, asesor, quien cobra al mes 33 mil 588.02 pesos. 
  • Ana Patricia Mireles González, secretaria particular, quien gana 31 mil 317.56 pesos. 
  • Edgar Eloy Juárez Fernández, asesor fiscal en Tesorería, quien recibe al mes 30 mil 973.06 pesos.
  • Rafael Enrique Hurtado Ortiz, auxiliar de planeación, que gana al mes 30 mil 009.30 pesos.
  • Soledad Barrios Venegas, auxiliar jurídico, quien gana 29 mil 612.10 pesos, y recibió un aumento injustificado en el cambio de gobierno.
  • Carolina Salazar Orozco, auxiliar administrativo, quien gana al mes 29 mil 364.38 pesos y también recibió un aumento injustificado en el cambio de gobierno, comadre de la jefa de Gabinete.

Además de cobros irregulares en la Alameda, donde familiares del presidente municipal cobran cuotas por el uso de los baños públicos sin expedir comprobantes fiscales.

Conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), el Código Penal de la entidad y la Ley de Egresos del Estado, el denunciante solicitó una investigación integral de las nóminas de Simapaj y la Presidencia Municipal, la suspensión inmediata de los servidores públicos contratados bajo nepotismo, una auditoría para detectar desvíos de recursos, revisión y cancelación de contrataciones irregulares y la aplicación sanciones administrativas y penales a quienes resulten responsables. 

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