Cada vez es más común escuchar que el problema en Zacatecas no son necesariamente la violencia e inseguridad, sino que se trata de un tema de “percepción” que el gobierno no ha sabido afrontar. La creciente preocupación por la “percepción” es entendible si tenemos en cuenta que a la crisis de seguridad y violencia se suman, naturalmente, graves repercusiones económicas. Estos efectos van desde un golpe fuerte al turismo (del que viven tanto grandes, medianos y pequeños empresarios); la nula política de generación de empleo (el único estado que decrece en cifras de generación formal de empleo); la huida de empresarios y empresarias que, dada la inseguridad y extorsión, deciden cerrar sus negocios y/o moverse hacia otros estados; hasta la continua expulsión de personas hacia Estados Unidos (el discurso de “los paisanos migrantes” que enorgullece a muchos en el estado, pero que es muestra de la falta de futuros vivibles). No obstante, a pesar de esta preocupación legítima, la pregunta es si realmente se trata de un asunto de percepción, incluso, entender las implicaciones que tiene orientar el discurso hacia esta explicación.
En este sentido, el nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado, general en retiro Arturo Medina Mayoral, ha planteado que habrá una adecuación en la estrategia de seguridad orientada a generar mayores mecanismos de inteligencia. Este es un punto importante. Contrario a quienes reclaman mayor uso de la fuerza y confrontación, apelar a estrategias de prevención e inteligencia es fundamental. Ojalá la señalada “inteligencia” tenga que ver con la desarticulación de redes de corrupción e impunidad, así como con el combate al lavado de dinero y redes de extorsión. Sin embargo, no deja de ser, cuando menos inquietante, que el propio Secretario de Seguridad insista en señalar que los resultados vienen siendo positivos y que el problema tiene más que ver con la percepción de la gente, pues según él lo que existen son “fallas de comunicación”.
Entendiendo que la preocupación por la “percepción” puede ser legítima, vale la pena retomar las cifras duras de los delitos de alto impacto. Siguiendo la información que brinda el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el año 2015 (bajo el gobierno del PRI) el estado inició un ciclo de crecimiento de la violencia, donde se pasó de una tasa de 14.48 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2015, muy cercanos de la media nacional de 13.28 en ese entonces, a tener índices de 30.82, en 2019, (media nacional de 23.3); 47.35, en 2020, (media nacional de 22.56); 67.58, en 2021, (media nacional de 21.93), y 57.9, en 2022, (media nacional de 20.19). Con relación a la desaparición de personas, el crecimiento ha sido igualmente claro, siendo 2021 y 2022 años verdaderamente dramáticos, con los mayores reportes de personas desaparecidas y no localizadas en la historia del estado: 830 y 524, respectivamente (según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda). Igualmente, han aumentado los feminicidios y la violencia familiar. Eso que llaman buenos resultados son reducciones relativas si tenemos en cuenta que nos encontramos en los picos históricos de violencia en el estado, superando por más del doble a la media nacional en los últimos años. Cuando se habla de “pacificación”, el estándar a comparar deben ser las épocas donde la violencia estaba por debajo de la media nacional, de otra forma caemos en la trampa de hacer nuestra necesidad una virtud, normalizando la violencia.
Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que en estas dinámicas de violencia se construyen a diario órdenes de miedo y terror. Tal vez eso que las autoridades llaman “mala percepción”. Para poner un ejemplo, basta con mencionar el caso de Jerez, donde hace pocos días se presentó una masacre de 8 personas en un bar céntrico. Ocho homicidios dolosos fueron los que había reportado este histórico municipio durante todo el 2018, es decir, en una sola noche, en un solo acto, se presentaron los mismos homicidios que en un solo año. La realidad, no la percepción, dice que en el 2020 el total de homicidios dolosos en Jerez fue de 30; en el 2021, de 36, y en el 2022, de 66, en un municipio con poco más de 45, 000 habitantes.
Como señala Rosana Reguillo e investigadoras colombianas como María Victoria Uribe o Elsa Blair, las masacres y la violencia exacerbada tienen un efecto disciplinador, generador de miedo y terror, cuyo objetivo es ejercer control sobre los cuerpos y territorios. Bajo esta lógica podemos entender esas ecologías locales de la violencia en municipios con muy poca población, donde estos efectos se acrecientan. Es lo que ha pasado en Monte Escobedo (pasó de 1 homicidio doloso, en 2019, a registrar 29, en el 2022); Morelos (pasó de 3 homicidios dolosos, en 2019, a 72, en 2022); Ojocaliente (pasó de 8 homicidios dolosos, en 2017, a 140, en 2022); Trancoso (pasó de 2 homicidios, en 2019, a 73, en 2022); Valparaíso (con 190 homicidios dolosos en 2022) o Villa de Cos (pasó de 4 homicidios dolosos, en 2017, a 80, en 2022), por mencionar aquellos municipios con cambios más drásticos en indicadores de violencia.
Las coyunturas de exacerbación de la violencia que se generan en el marco de la muy mal llamada “guerra contra las drogas”, vienen siempre de la mano con realineamientos estratégicos en el territorio, el acomodo de grandes capitales para el desarrollo de megaproyectos o el aprovechamiento de oportunidades a través del despojo y el desplazamiento. En medio de esta coyuntura de violencia, las empresas mineras siguen registrando indicadores económicos rebosantes, siendo durante el 2022 el segundo estado con mayor producción de oro, y el primero en producción de plata, plomo y zinc (datos del INEGI). De la misma manera, para el caso de la capital turística del estado, basta recordar lo que describe Dawn Paley en su libro “Capitalismo antidrogas” sobre Acapulco, donde dada la gran violencia e inseguridad que creció hacia finales de la primera década del siglo XXI, empresarios aprovecharon las condiciones para comprar, a bajos precios, hoteles y propiedades del circuito turístico, encontrando verdaderos negocios rentables.
En el estado no existe una política (integral) en materia de derechos humanos. No existe una perspectiva de reparación. Las políticas de combate a la impunidad son nulas o ineficientes. Para colmo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos parece más interesada en consolidar relaciones interinstitucionales que en plantear un plan de atención integral a las miles de víctimas.
El gobierno estatal está tratando de generar un mensaje para la recuperación de la confianza, señalando, en varias ocasiones, a los medios como actores que ayudan a generar pánico. Lo que más quisiera el gobierno es que esto fuera un problema simplemente de percepción, o es lo que más quisieran que nosotros percibiéramos: que la violencia y la guerra son sólo cuestiones accidentales. Pero los datos, indicadores y la experiencia, a nivel nacional, dicen que no es así. Ojalá que el llamado a promover un cambio de percepción venga de la mano con una política más efectiva de reducción de la violencia, construcción de seguridad y transformación de los sistemas de impunidad.
*Docente e investigador de la Unidad
Académica de Ciencia Política de la UAZ.
