Durante las charlas conciliatorias que tuvieron lugar entre la Rectoría y el Spauaz en el mes de noviembre de 2013, previo a la huelga de 2014, el Rector Armando Silva aseguró que el presupuesto para 2014 ajustaba para pagar todas las prestaciones. También fue muy claro, durante el proceso de huelga de 2014, que conceder los 30 millones y otorgar las promociones de categoría exigidas por el Spauaz, reducía la capacidad de la UAZ de afrontar sus compromisos. Al final de 2014 logró realizar los pagos correspondientes. Durante la huelga de 2015 el discurso fue parecido: se tiene un presupuesto justo para cumplir con los compromisos mínimos, y se verá reducida la capacidad de pago si se conceden los puntos exigidos por el Spauaz. En particular la retención de presupuesto ordinario para dirigirlo a una cuenta bancaria con el fin de garantizar la seguridad social. En la reunión de Coordinadora de Delegados del 2 de noviembre de 2015 se presentó un recorte de prensa en el que el Rector declara que podría disponer de los recursos que el Spauaz logró arrancar del presupuesto ordinario para realizar el pago de prestaciones. En respuesta a esa declaración el Spauaz publicó, el 7 de noviembre, un desplegado a media página del documento enviado al banco en donde fueron realizados los depósitos, indicándole que si alguien –el Rector- dispone del dinero ahí depositado se procederá con una demanda penal contra la rectoría, los empleados del banco y quien estuviere involucrado en tal acto.
Si de verdad el dinero está seguro, como en reiteradas ocasiones lo declaró el Comité Ejecutivo –“bajo 100 candados” fue su pintoresca afirmación- el documento girado al banco es superfluo y no pasará de ser un exabrupto, un caso de histérica cautela. Por otra parte, si no está seguro el dinero, girar oficios es irrelevante y constituye una declaración de debilidad y mal manejo de los “logros” de la huelga. En cualquier caso la acción del Spauaz obedece a otra lógica que aquella que se ha hecho explícita por parte del Comité Ejecutivo, una lógica en la que los intereses legítimos de los agremiados no parecen jugar papel alguno. Tratemos de explicar estas afirmaciones. El interés legítimo de los agremiados consiste en mejorar sus condiciones laborales, lo que a últimas fechas se ha transformado en lograr que se le paguen a tiempo las ínfimas prestaciones que sobreviven a las constantes derrotas del sindicato. En los tiempos que corren las prestaciones importantes son, primero, los aguinaldos, que afectan a todos, y en segundo lugar las primas de antigüedad, que afectan a un número considerable de agremiados. En tercer lugar podemos poner la seguridad social porque, aunque es una prestación general, no se hace efectiva de manera inmediata, sino con el correr de los años. De aquí podemos inferir que debería ser del máximo interés para el Comité Ejecutivo del Spauaz lograr que se paguen esas prestaciones. Sin embargo el interés que se transluce de sus declaraciones y manifiestos es que la rectoría no tenga acceso al dinero depositado en el banco porque podría usarlo para pagar, precisamente, esas prestaciones. ¿Y qué tendría de malo que el rector dispusiera de ese dinero para solventar prestaciones?. La argumentación del Comité Ejecutivo es que ese dinero es para otra cosa –“para seguridad social”- y que si se le da al rector no hay la garantía de que volverá. Lo que se puede argumentar en contra es que ese dinero está en esa cuenta para beneficiar a todos los agremiados en el hipotético caso que se resuelva el problema con el ISSSTE, pero eso no implica que no se pueda utilizar para otra cosa que resulte beneficiosa. Y por otra parte, ¿no cree el Comité Ejecutivo que con su capacidad de lucha y de gestión podrán lograr la total devolución de ese dinero? . Al parecer no. Así que lo más natural, en interés de todos los universitarios, es que ese dinero se use para pagar prestaciones, cosa que se ha hecho en el pasado y que se volverá a hacer.
La lógica subyacente al Comité Ejecutivo, ya completamente inmerso en el proceso sucesorio, es asestarle a la administración de Armando Silva un golpe político al inducir un problema de falta de recursos. Confían en que las negociaciones con la federación no prosperaran y que al retenerle el dinero no habrá para pagarle a los agremiados que, a partir de ese momento, se volverán susceptibles a la propaganda que quiere diseminar el Comité Ejecutivo y que a la fecha no ha podido lograr satisfactoriamente. Tal propaganda consiste en denunciar la incapacidad de gestión de la rectoría, para promover la capacidad de gestión del “hombre providencial”, que es su candidato. ¿Qué apuntala está interpretación de lo que está sucediendo? Muy simple, el estatuto vigente del Spauaz señala que las decisiones que afectan a todos los universitarios se toman en Asamblea General, que de no reunir el quórum requerido se transforma en Plebiscito Sumario de Delegaciones. Con ese instrumento se puede decidir democráticamente el asunto. Pero dados los tiempos no se usará, ni hubo nunca la voluntad de usarlo. Lo que demuestra las aviesas intenciones de los que conducen el Spauaz. ■
