El desplazamiento forzado en México es un fenómeno que no es nuevo; en el último tercio del siglo pasado se debió a la violencia y militarización ejercida por el Estado y en la actualidad tuvo su origen con la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006; ante este problema “nadie está a salvo” y las víctimas son heterogéneas, desde campesinos hasta comerciantes y empresarios, afirmó Séverine Durin, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas).
Durante la presentación del dossier “Desplazamiento forzado interno en México en el Siglo 21: una crisis humanitaria invisibilizada” de la revista Desacatos, evento organizado por la Unidad Académica de Ciencia Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) como parte de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales, expuso que este problema surgió en América Latina por la Operación Cóndor, cuyo despliegue de las fuerzas armadas propició que las personas abandonasen sus lugares de origen.
En el caso mexicano, refirió que antes de la “guerra contra el narcotráfico” hubo un evento previo que fue la persecución del ejército mexicano al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, en donde también se involucraron fuerzas paramilitares.
En ese sentido, afirmó que el desplazamiento forzado ha sido una estrategia contrainsurgente, pero en la actualidad las causas del fenómeno tienen relación con la militarización de la seguridad pública a partir del gobierno de Felipe Calderón que consistió en la implementación de operativos conjuntos para contrarrestar a los grupos del narcotráfico.
Según Duris, “en este marco de militarización de la seguridad pública han tenido lugar estos eventos de desplazamiento forzado”, pero el problema es que el reconocimiento del problema de parte del Estado ha sido tardío.
Detalló que no hay un conteo oficial de las personas internamente desplazadas en el país, aunque se han hecho estimaciones con base en dos fuentes: un monitoreo que hace la sociedad civil y las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Victimización que realiza el Inegi, en donde se arroja que 800 mil personas que han abandonado su lugar de residencia por causa de la inseguridad.
Indicó que esa cifra muestra la importancia del fenómeno, y a pesar de que no hay un censo preciso respecto a este fenómeno, la herramienta del Inegi permite tener una idea de la magnitud del desplazamiento forzado.
Además de los datos duros, subrayó “la importancia de entender de la mano con las personas que se encuentran desplazadas porque eso nos dice mucho más acerca de qué es lo que está pasando, en qué circunstancias se da, el por qué se da, cuáles son sus experiencias de desplazamientos, para ahondar en el conocimiento y la búsqueda de soluciones”, dijo.
Duris refirió que hay varios escenarios o contextos desde los cuales las personas se vieron obligados a desplazarse y se han estudiado escenarios del norte del país como Tamaulipas, Nuevo León Chihuahua, Coahuila, Morelos, Guerrero y Zacatecas, en donde los destinos de las personas son variados tanto dentro como fuera del país.
Por último, expuso que los distintos estudios evidencian la diversidad de situaciones y por lo tanto no hay un perfil de personas que se ven obligadas a desplazarse lo que significa que la realidad afecta a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, “nadie está a salvo” y hay una gran diversidad, hay mucha desigualdad, pero hay tantos casos de familias del medio rural como del medio urbano.
