■ Inauguran Simposio Internacional de Cultura Ambiental y Desarrollo Sostenible
■ Habrá que tener cuidado en la manera en que se zonifiquen las áreas, señala investigadora
La figura jurídica de reserva de la biósfera es la adecuada para dar definición al semidesierto zacatecano como Área Natural Protegida (ANP), afirmó Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UDG), especialista en derecho y políticas de gestión ambiental, quien ha construido una trayectoria en este ámbito desde 1986.
Gutiérrez Nájera fue participante ayer en el 2 Simposio Internacional de Cultura Ambiental y Desarrollo Sostenible, organizado por la Sociedad Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible a través del Cuerpo Académico de Biología Celular y Microbiología de la UAZ, con la conferencia magistral Legislación Aplicable a las Áreas Naturales Protegidas en México.
El auditorio presente ayer en el Foyer del Teatro Fernando Calderón, donde se realizó la inauguración de este evento en que se expondrán 40 trabajos de investigación y cinco conferencias magistrales, expresó dos preocupaciones fundamentales, la próxima expedición del Decreto como Reserva de la Biósfera al Desierto Semiárido de Zacatecas y las implicaciones de la reciente Reforma Energética y sus leyes secundarias para el tema ambiental.
En entrevista con este medio, posterior a su exposición, Raquel Gutiérrez Nájera precisó que la figura legal propuesta por la delegación de Semarnat en el estado para la preservación y protección del semidesierto de Zacatecas, es la adecuada porque resume tres ingredientes importantes: la conservación, el desarrollo sustentable y la investigación.
Aclaró que efectivamente se permite en este planteamiento jurídico el aprovechamiento de los recursos pero precisó, cuando se habla de desarrollo sustentable, implica necesariamente la participación efectiva de los pobladores de los terrenos que son objeto de la protección.
Propuso un cuidado especial a la manera en que se plantee el decreto, pero también el programa de manejo de la ANP, y fue enfática en la constitución en su dirección, de un órgano colegiado desconcentrado que tenga representación proporcional de los dueños actuales de las tierras, la iniciativa privada inversionista y la administración gubernamental, así como organizaciones de la sociedad civil, la Federación, el estado y los municipios.
Agregó que para que la protección ambiental en estas áreas sea efectiva, se requiere presupuesto y vigilancia del cumplimento de las normas.
En su exposición, insistió, se ponga la atención debida de la zonificación planteada en el decreto, esto es, se establezca en base a diagnósticos y estudios técnicos el mapeo de las zonas núcleo en las cuales no se permitirá el aprovechamiento de recursos, las zonas de amortiguamiento, en transición y aquellas especiales, para determinar con claridad qué tipo de actividades se permiten en cada una de ellas.
México, también mencionó en su conferencia, ha firmado cuanto tratado de protección y conservación ambiental se ha propuesto internacionalmente, sin embargo, a la fecha han sido expresiones más bien de carácter diplomático que en la realidad no se verifican, ante ello urgió a que la gente se apropie de las normativas y las haga valer.
Al respecto de lo que implica la reciente Reforma Energética y sus leyes secundarias, entre ellas la de hidrocarburos, dijo “estamos perdiendo soberanía sobre nuestro territorio y obviamente se la estamos dando en los hechos a las trasnacionales y a las grandes empresas que explotan el recurso energético en nuestro país”.
Advirtió que se tiene que hacer cumplir al gobierno cuando fuera del país se compromete a transitar hacia un país de cero emisiones como hizo en la Cumbre de Cambio Climático, al hacerle evidente que “si tú quieres cumplir esto, tú no puedes aprovechar como lo propones en la Reforma Energética las energías fósiles”.
De la manera en que el tema esta propuesto, dijo, nos acabaremos en un espectro de 15 años “cuando entren todos estos buitres”, las compañías extractivas trasnacionales, al contexto de “un sistema jurídico mexicano: laxo, no consolidado y donde hay impunidad y una gran corrupción”.
