La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido a tiros el martes pasado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, no es una tragedia aislada; las tácticas de esta agencia “están poniendo en riesgo la seguridad pública, mientras continúan aumentando los fallecimientos bajo su custodia”, advirtió la Alianza Americas, que aglutina a diversas organizaciones que acompañan a indocumentados en ese país.
Igual que Amnistía Internacional (AI) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) exigió que se investigue el caso de manera “independiente, imparcial y transparente”.
En una declaración, Alianza Americas demandó igualmente una supervisión significativa por parte del Congreso estadunidense a las acciones del ICE, pues destacó que desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo –en enero de 2025–, al menos 52 personas han muerto en custodia de esa agencia, “lo que representa el periodo más letal de su historia”.
Esos fallecimientos “no son accidentes; son el resultado predecible de un sistema de control migratorio cuya capacidad de expansión se ha fortalecido sin que haya consecuencias reales cuando se pierden vidas”, lamentó.
Afirmó también que las detenciones no se limitan a redadas, sino que el ICE continúa realizándolas en tribunales, durante controles de tránsito, en citas rutinarias con autoridades migratorias y en comunidades de toda la nación.
Por su parte, en redes sociales, AI México y Estados Unidos demandó una investigación sobre la muerte de Salgado Araujo, así como rendición de cuentas “¡ahora!”. El ICE, subrayó, “no hace que nuestras comunidades sean más seguras”.
A su vez, Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, expuso que en los últimos 12 meses, el Congreso de Estados Unidos ha asignado 240 mil millones de dólares al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para actividades de control, deportación y detención. “Todo ese dinero se entregó sin mecanismos de rendición de cuentas ni supervisión”, reprochó.
