Buenos Aires. La enmarañada red de falsedades y mentiras, presiones e intereses que eran los expedientes de la causa del cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) obligó a terminar con el juicio en el año 2004 y el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) exhortó a la justicia a avanzar, profundizando hacia la verdad.
Se creó entonces la Unidad Especial de la Causa AMIA, que quedaría por decisión de la Procuraduría en manos del fiscal Alberto Nisman, lo que sorprendió ya que también había sido parte del fracaso del juicio iniciado en julio de 1994 y cerrado diez años después, sin haber logrado nada.
Nisman había comenzado en 1997 su camino hacia la actual fiscalía, en Morón, provincia de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó su camino y fue la investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los participantes en el fracasado ataque al cuartel de La Tablada en enero de 1989, dirigido por el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
Ambos detenidos después del enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por última vez brutalmente torturados y llevados por militares y policías en un automóvil Ford Falcon.
Hasta ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a cargo de la investigación apoyaron la versión oficial del ejército de que “habían muerto en combate” a pesar de las evidencias de su desaparición forzada.
En julio de 1997, el procurador general, Nicolás Becerra, lo convocó para sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra la mutual judía, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.
De acuerdo con la agencia Infojus Noticias de Argentina se dice que “el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien. Durante ese juicio por la llamada “conexión local”, muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades, que se comprobaron.
Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a quien el propio juez entregó 400 mil dólares para acusar a funcionarios iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén Berajas, entonces presidente de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelistas Argentinas (DAIA).
En los fundamentos del fallo se acusó a Galeano –que terminó destituido y procesado– a su equipo y a los fiscales Mullen y Barbaccia, también procesados.
“En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada” en la causa AMIA, afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, quien fue absuelto por haber participado en la adulteración de la camionera Traffic, que supuestamente fue usada en el atentado.
“Siempre hubo un tema paradojal: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es extraño”, reflexionó García Dietze.
En 2004, Nisman a cargo de Unidad Especial para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Jaime Stiuso.
Éste había sido desplazado de la causa AMIA como parte de las irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de importancia. Ambos trabajaban con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Mosad.
La Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero para investigar pero Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes, sin haber producido en los últimos diez años ninguna prueba para confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12 iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados fue devuelto por falta de pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición a Londres del embajador iraní en Argentina, Haadi Soleimanpour, cuando la justicia británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.
Nisman y la embajada de Estados Unidos
Durante diez largos años, los expedientes que investigaba Nisman incorporaron “informes basados en deducciones y armados”, sin prueba real, y fueron imposibles de comprobar que proveía la CIA y el Mosad, como proveyó los falsos testigos.
En 2010 cuando se publicaron aquí una serie de cables secretos referidos al caso AMIA del Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por Wikileaks quedó en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que iba a tomar en esta causa a diplomáticos de esa embajada.
Estos “descubrimientos” no dieron lugar a tomar una medida clave, la de separar al fiscal de esta causa ya que no se puede ser “juez y parte” como sucedía en su relación de subordinación a Estados Unidos e Israel.
La pista iraní no lograba reunir pruebas concretas pero sin duda favorecía a los intereses geopolíticos de ambos países, que continúan intentando invadir Irán
Enlazando esta situación con el enunciado plan imperial de un Medio Oriente ampliado, que significó invasiones y ocupaciones coloniales de varios países en esa región en el siglo 21, jamás la inteligencia estadunidense o israelí debieran haber participado, monitoreado y “armado” la causa.
En un despacho del 22 de mayo de 2008, desde la sede diplomática estadunidense en Buenos Aires se especificó: “Los oficiales de nuestra oficina legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación”.
Eso fue precisamente cuando el juez federal Ariel Lijo ordenó la detención e indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la Side Hugo Anzorreguy y otros como el magistrado Juan José Galeano y del ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.
Nisman no había informado de esa medida a la embajada estadunidense como lo hacía normalmente. Otros cables de Wikileaks demostraron que el fiscal de la causa AMIA se había disculpado con los oficiales estadunidenses por no haber anticipado los pedidos de detención. Hay varios cables referidos al tema, publicados por el periodista Guillermo O’Donell.
Memoria Activa, familiares y amigos de las víctimas del atentado de julio de 1994 se pronunciaron por un alejamiento de Nisman de la causa AMIA. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, los familiares respaldaron el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y cuestionaron “la falta de compromiso de Nisman y la “inacción en la causa”, por considerarlo “funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad”.
El memorándum de entendimiento con Irán, es un verdadero documento de política exterior que podía sentar precedentes en la resolución de conflictos sin salida, como era el caso AMIA. Se trataba de que los jueces del caso pudieran ir a Teherán a indagar, ante la presencia de una comisión de personalidades reconocidas y neutrales, a los altos funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– del atentado. Por primera vez se podría saber la verdad, fuera la que fuera.
Al cumplirse 20 años del atentado, el 19 de julio del 2014, los familiares de las víctimas no sólo reclamaron una vez más el esclarecimiento del hecho sino que solicitaron formalmente que se apartara a Nisman del caso por “haber mostrado su total incapacidad para investigar en esta causa”, como denunció entonces Diana Malamud, de Memoria Activa.
Irán siempre ofreció su cooperación, pero la CIA y el Mosad rechazaban toda posibilidad. Ningún país soberano en el mundo iba a entregar a un grupo de funcionarios acusados sin presentar las pruebas necesarias a la justicia de terceros países. Incluso surgió de Irán una propuesta de crear una comisión mixta, argentina-iraní para investigar el tema de AMIA.
En Irán no existe extradición y por eso el gobierno de Cristina Fernández trató de hallar un camino, que fue rechazado incomprensiblemente por el gobierno de Israel.
La DAIA y la AMIA que habían apoyado en principio el memorándum se plegaron al mandato israelí. La oposición argentina rápidamente se alió a este rechazo y surgieron jueces que declaraban la inconstitucionalidad de la ley, lo que era una aberración jurídica.
Irán quedó a la expectativa frente a esta situación. Lo que nadie sabía es que en base a falsas denuncias convertirían este tema, en una maniobra golpista contra el gobierno de Fernández de Kirchner, el que más trabajó a favor de la verdad, como se puede constatar en los esfuerzos ante la Organización de Naciones Unidas y en el propio memorándum.
