Ante la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que cuatro personas pudieran cultivar y consumir marihuana se dio la polémica.
Por un lado, se escuchó el beneplácito de muchos que ven en esto un golpe al crimen organizado cuya ganancia está en vender lo ilegal. No solamente marihuana, ciertamente, sino cocaína, además de tráfico de personas, piratería, y muchas otras cosas más de las cuales pueden obtener lucro justamente por estar fuera de la ley.
Por el otro, se mantiene un sector de la sociedad que teme que la decisión de la Corte fomente el consumo de esa y otras drogas, porque se genera la percepción de que no es tan peligrosa, como se había considerado hasta entonces.
A pesar de las limitaciones de la resolución de la SCJN entre las que están que sólo cuatro personas serán beneficiadas de la misma, no cabe duda que esto abrió un debate al respecto de la legalización de la marihuana, y que sirvió para fortalecer la posición de quienes sostienen que la medida es pertinente.
Para estos últimos, es cuestión de tiempo para que la legalización por completo se dé, pues además del paso agigantado que significa la decisión de la Corte, la tendencia mundial con respecto a este estupefaciente es en ese sentido, tal como puede verse en Uruguay y Estados Unidos, sólo por hablar de nuestro continente.
A ello contribuyen los estudios que aseguran que la marihuana provoca que las células cancerígenas se destruyen, sin afectar a las células sanas a diferencia de la quimioterapia. También las de quienes sostienen que esta planta ayuda como paliativo del dolor que producen enfermedades como el cáncer, o males reumáticos; y el descubrimiento de que además puede ayudar a las crisis convulsivas que sufre una niña, y seguramente muchos que padecen una situación similar.
Esto no significa, sin embargo, que la marihuana haya adquirido la normalidad que tienen otras drogas como el alcohol o el tabaco, que a pesar de los graves daños que ocasionan en la salud, y sus efectos en el tejido social son legales, y pueden ser adquiridos lo mismo en tiendas de conveniencia a unos pasos de escuelas, que en centros comerciales. Y cuya normalidad es tal, que los propios gobernantes alientan su ingesta.
El consumo de marihuana será desalentado, dijo Raúl Estrada Day, secretario de Salud, lo que celebramos como una medida lógica y natural, pues nadie espera que un órgano del Estado, aliente su utilización, como tampoco tendría que hacerse con el alcohol por ejemplo.
Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anuncia medidas como limitar el consumo de marihuana para que sólo se haga en domicilios particulares y no hacerlo frente a menores de edad, entre otras acciones, ¿quién en su sano juicio podría oponerse a ello?
Nadie se queja al respecto. Lo que sí tendría que tratarse con más tacto, es el discurso de quienes se pronuncian en contra de la legalización, muchos de los cuales, particularmente en la burocracia que se dedica a combatir las adicciones, respondían a todo argumento que contradijera su posición diciendo que eso constituye una “justificación”, es decir, induciendo a la idea de que quien está a favor de la legalización, es necesariamente consumidor.
Es eso sólo un prejuicio, pues Josefina Ricaño de Nava, Juan Francisco Torres Landa, Pablo Girault y Armando Santacruz, quienes interpusieron el recurso de amparo luego de que la Cofepris les negó un permiso para producir marihuana para autoconsumo con fines recreativos, no son siquiera consumidores, sino parte de la Organización México Unido contra la Delincuencia, que de acuerdo a sus palabras buscaban reducir los índices delictivos y la violencia partiendo de una política de drogas distinta a la prohibicionista, como la que actualmente persiste.
En ese contexto, surgió la interesante propuesta del diputado federal zacatecano Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien plantea una Ley de amnistía para quienes están presos por la posesión mínima de marihuana, cifra que de acuerdo al legislador asciende a 60 mil personas.
Entre los argumentos a favor de esta medida plantea, que el 60% de quienes están en penales federales, lo están por delitos contra la salud, y de ellos, uno de cada cuatro lo está por portación de marihuana cuyo valor es de no más de 200 pesos. A lo que se suma, que padecieron, como casi todo el que cae en las garras de este sistema judicial, las fallas de siempre, como que la mitad de ellos no contó con abogado, por ejemplo.
Habrá que conocer a profundidad la propuesta del legislador, pero sin duda es una interesante aportación en este país donde los Centros de Readaptación Social, significan escuelas del crimen, y estigma de por vida a quien pasa por ellos. Y también constituye una valiosa contribución para quitar el prejuicio de que el consumidor de marihuana es un criminal, y para empezar a tratar el asunto como un tema de salud pública. ■
