Ricardo Olivares respondió a Ana María Romo (MC) sobre la deuda de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mencionando que asciende a 3 mil 400 millones de pesos, incluidos adeudos al ISSSTE, FOVISSSTE, y por ISR, y que el Gobierno del Estado no está dispuesto a actuar como aval, ya que esto podría comprometer sus finanzas a largo plazo.
Aclaró que el Consejo Universitario tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre el manejo financiero de la UAZ.
Destacó la búsqueda de la federalización de la nómina educativa, bajo un esquema de paripaso en el que la federación podría cubrir entre el 70 y 75 por ciento de los costos.
En respuesta a Saúl Cordero (Morena), Olivares explicó la creación y funcionamiento de los Fondos de Estabilización e Inversión Pública Productiva, los cuales han sido clave para mantener la estabilidad financiera del estado. Estos fondos, creados con superávits tras la reestructuración de deuda en 2022, permitieron financiar proyectos como el viaducto elevado y otorgar préstamos a municipios.
También mencionó que la UAZ ha recibido 150 millones de pesos de estos fondos. Enfatizó que estos mecanismos han evitado la necesidad de endeudarse, y que la obra del viaducto elevado, con un costo de 3,654 millones de pesos, se completará sin contratar nueva deuda.
En respuesta a Santos González (Morena) y otros diputados, Olivares habló sobre la Ley Antiquebranto, la cual impone controles financieros y establece un sistema de alertas para evitar el endeudamiento excesivo en municipios.
Eleuterio Ramos (PRD) y Ana María Romo (MC) solicitaron acciones concretas para sanear las finanzas de los municipios, que enfrentan grandes adeudos que afectan su operatividad. El titular de Sefin respondió que la Ley Antiquebranto también tiene como objetivo proteger a los municipios, asegurando que no caigan en crisis financieras.
Ramos Leal pidió específicamente que se considere un programa de rescate para municipios endeudados con el IMSS, SAT, y CFE, y Olivares mencionó que se está trabajando en un nuevo paquete económico que incluirá leyes para garantizar el equilibrio financiero de los municipios, creando sistemas de alertas y normas que aseguren que los presidentes municipales cumplan con sus obligaciones financieras actuales.
