■ La empresa restaurará sus operaciones en 72 horas y retirará demandas penales
■ Se atenderán peticiones de 12 ejidos, con problemáticas diferentes, señalan autoridades
La secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, informó que este viernes concluyó, de manera satisfactoria y pacífica, el conflicto que se presentó entre la Minera Peñasquito del Grupo Goldcorp, un grupo de transportistas y 12 ejidatarios, en donde privó el diálogo y respeto a las partes, informaron las autoridades estatales en un comunicado.
La funcionaria destacó que el Gobierno estatal privilegió el diálogo, que derivó en un acuerdo satisfactorio en beneficio de miles de familias, y que, a pesar de que existía una orden de desalojo, sólo se realizó de manera parcial y en forma pacífica.
Torres Rodríguez detalló que se terminaron las dos mesas de negociación; la primera, en la que la empresa minera acordó la firma de contrato con los transportistas; y una segunda, con 12 ejidatarios, cuya problemática se atendió de manera individual; se levantó una minuta y acuerdo de los requerimientos de cada uno, así como los compromisos de la empresa para cada ejido, ya que presentaron diferentes necesidades.
Luego de estos acuerdos, la Minera Peñasquito informó que restaurará sus operaciones en 72 horas, ya que se habían reducido a 50 por ciento sus trabajos, al no poder tener acceso para la continuación de los mismos.
La funcionaria destacó que estos días permeó el diálogo; no hubo arbitrariedad por parte del Gobierno del Estado y, por el contrario, se evitó utilizar la fuerza, aunque se tenía una orden de desalojo.
“Se optó por el diálogo, el consenso y por la búsqueda de solución para ambas partes, tanto para la minera como para los transportistas, a fin de que no se perdieran los empleos y se quedaran en el estado, al tiempo en que se dio atención a las necesidades de los ejidatarios”, dijo.
Como gobierno, agregó, “estuvimos preocupados por apoyar al municipio; participamos todos estos días en una mesa de diálogo por parte de la Secretaría General de Gobierno, los directivos de la empresa, transportistas y ejidatarios”.
Agregó que, al restablecerse las operaciones en la mina, los proveedores, los transportistas y toda la generación de empleos continúan, en beneficio de miles de familias zacatecanas.
Dentro de los acuerdos, destacó que se retiran las denuncias por parte de la minera, para el efecto de que se trabaje en pro de todos; asimismo, ya se retiraron las policías Ministerial y Estatal, así como los elemento de Tránsito del Estado, concesionarios del transporte y ejidatarios.
Finalmente, Fabiola Gilda Torres Rodríguez refirió la sensibilidad tanto de los subsecretarios como de las fuerzas de seguridad, quienes en todo momento buscaron la armonía y el compromiso social, a través de los cuales se dio solución al conflicto.
Responden a solicitudes
de 15 comunidades
Luego de 12 días de que transportistas-ejidatarios cercaran con camiones las instalaciones de la mina más grande de oro de Latinoamérica, ubicada en Peñasquito, Mazapil, este viernes los empresarios canadienses respondieron a las solicitudes de 15 comunidades que se sumaron al movimiento detonado por el reclamo de contratos de transporte.
Felipe Pinedo, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) informó mediante grabaciones transmitidas a través de WhatsApp que las negociaciones fueron tensas e incluso, Michael Harvey, director regional de Asuntos Corporativos y Seguridad para Latinoamérica de la empresa trasnacional, se retiró de la mesa de negociación.
Comentó en alusión a las declaraciones de Harvey a la prensa, donde estimó que por cada día de inactividad en la minera pierde 3 millones de dólares, que el saldo luego de 12 jornadas es de 24 millones de dólares que ya habrían servido para dar respuesta a las demandas de los ejidatarios.
Ayer alrededor de las 18 horas la empresa habría devuelto las minutas, según se observa en fotografías enviadas por el medio citado, “palomeadas” respecto de lo aceptado por la minera en relación a las peticiones de las comunidades, mismas que fueron entregadas para que los representantes ejidales las leyeran y de estar de acuerdo, las firmaran.
Las “minutas” se presentan como hojas escritas a puño y letra que enuncian listados de temas, como el caso de la correspondiente a Charcos, ejido de Mazapil, que señala en primer término: “Agotamiento de agua de pozos”, y subsecuentemente, “Reacentamiento (sic) de Viviendas”, “Polvo constante de presa de jales, “Cuarteaduras en las viviendas” (…) Afectación de ganado”, en las que no todas las demandas están “palomeadas”.
Sobre temas específicos y que siempre están enlistados en primeras líneas de las peticiones como preocupación de los habitantes, Felipe Pinedo dijo que sobre el agua, “hubo diversas posturas principalmente, el hecho de la contaminación” y del agotamiento de manantiales y pozos de agua potable y de riego.
Entre los manantiales que se han agotado se encuentra uno de Cedros y 50 de El Rodeo, así como pozos de agua potable de Cedros y El Vergel, y de esta última comunidad, además dos pozos de riego.
“Este tema es muy delicado porque está poniendo en riesgo a la región de Mazapil”, que recordó Pinedo Hernández es una zona semiárida cuya problemática siempre ha estado asociada a la escasez del líquido, “y ahora con la llegada de minera, con la perforación de más de 100 pozos a profundidades de hasta 700 metros, automáticamente ya no tenemos agua y corremos el riesgo de que esta zona se convierta en un páramo”.
Sobre el caso de una clínica, que se reclama desde 2009, dijo que la petición desde las comunidades es que se construya una de segundo nivel que involucra la atención de especialidades como oncología, pediatría, ginecología, psicología y nutrición.
El tema se estaría tratando coordinadamente con el IMSS, y se estima su costo en entre 150 a 200 millones de pesos, dijo.
“Hay que recordar que en la zona lo que hay son casas de salud y un centro de salud en Concepción del Oro, pero ahí en más, en absoluto hay una clínica en segundo nivel”.
Nada hay claro sobre la remediación ambiental, pues dijo, la empresa canadiense paga a la federación para que ésta realice acciones que “no necesariamente” se realizan en la zona, lo que tiene consecuencias para la flora y fauna del entorno y la pérdida en actividades forestales como la recolección de piñón, orégano, menta y candelilla.
Ayer alrededor de las nueve de la noche todavía no había decisiones concretas respecto de las negociaciones.
