Ayer, en el Vestíbulo del Congreso, durante la mesa de trabajo entre campesinos, legisladores y autoridades estatales, se acordó gestionar una reunión en la Ciudad de México con representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de buscar una salida a la problemática de las concesiones vencidas y el acceso a la cuota energética.
Asimismo, se comprometieron a presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir que se detengan las cancelaciones de concesiones en Zacatecas.
En el encuentro, el diputado federal Ulises Mejía Haro enfatizó que los esfuerzos deben concentrarse en construir un plan hídrico para el estado y promover una reunión de alto nivel que incluya a las tres dependencias federales involucradas.
Por su parte, la diputada Noemí Luna reprochó la ausencia del resto de los legisladores federales y subrayó la urgencia del tema, mientras que la senadora Claudia Anaya pidió a los productores elaborar un diagnóstico claro que sustente sus demandas y facilite la interlocución institucional.
Este último planteamiento generó fricción cuando algunos representantes rechazaron tajantemente la idea de presentar una lista específica de pozos afectados, al considerar que la lucha es para todos los productores del estado. La priísta coincidió en que hay que ayudar a todos, pero resaltó que es necesario contar con un diagnóstico que identifique los pozos colapsados, a fin de poder interpelar a las autoridades federales.
Ulises Mejía propuso una ruta de trabajo en tres niveles: atender de inmediato a los productores que han quedado fuera de la cuota energética, desarrollar un Plan Hídrico Estatal articulado con el nacional, y crear un Centro Nacional de Gestión de Sequías con sede en Zacatecas, inspirado en el modelo del estado de Nebraska.
Señaló que actualmente solo se mitigan los efectos de la sequía y no se planea con base científica. “No hay un centro que analice acciones previas, durante y posteriores… eso lo tiene que hacer la ciencia, la academia, de la mano de ustedes”, explicó.
Por su parte, el perredista Eleuterio Ramos planteó sustituir los apoyos individuales por la instalación de paneles solares en pozos agrícolas, para reducir el gasto mensual de energía de hasta 100 mil pesos a solo mil, y pidió eliminar la tramitología: “el productor se dedica a abrir el surco, a cosechar, no a hacer trámites. Para eso estamos nosotros”.
Marco Vinicio Flores Guerrero advirtió que hasta marzo de 2025 solo se han revisado 162 mil de las más de 580 mil concesiones de agua en el país, y propuso una mesa técnica entre la Secretaría del Campo y Conagua para identificar los casos, pozo por pozo, y resolverlos con base en un diagnóstico.
“Hay irregularidades, concentración de recursos en pocos usuarios, falta de supervisión. Hay que revisar, pero también actualizar la legislación federal en materia de aguas”, dijo.
La panista Noemí Luna señaló que el presupuesto federal al campo se redujo 4.7 por ciento en términos reales y los subsidios para Zacatecas cayeron 3.4 por ciento.
“Habiendo 13 diputados federales por Zacatecas, no nos hayamos podido poner de acuerdo para apoyar al estado”, reclamó. La crítica a esa ausencia se repitió en varios momentos de la jornada.
Los campesinos exigieron que la Fiscalía General de la República y la Comisión Federal de Electricidad detengan las denuncias penales contra productores agrícolas por el presunto uso indebido de energía en pozos con concesiones vencidas.
“La Fiscalía nos trata de delincuentes y no se vale. Aquí varios compañeros han dicho: el producir es pecado, es delito” expresó uno de los asistentes.
Ante esta exigencia, el diputado local Jesús Padilla aclaró que los legisladores no tienen injerencia directa sobre las acciones de la Fiscalía, pero se comprometió a hacer llegar la preocupación al fiscal de la República y a intervenir de inmediato en caso de que se pretendiera privar de la libertad a algún productor.
