Tras el accidente de un trabajador en la construcción del Viaducto Elevado, integrantes de la Ciudadanía Participativa dieron a conocer que mantienen su postura en contra del Viaducto Elevado, al calificarlo como como «oneroso» y «canallesco”.
Enfatizaron que el accidentado sigue con vida, sin embargo, se ha limitado la información sobre su caso, por lo que señalaron la importancia de seguir imponiendo amparos buscando la suspensión definitiva de la obra.
Juan Francisco Valerio Quintero, presentante de Ciudadanía Participativa de Zacatecas, realizó una serie de puntualizaciones sobre los recientes eventos relacionados con el viaducto elevado en Zacatecas, destacando que, aunque el tema tiene una historia prolongada, lo que se vive actualmente es una nueva fase de conflicto. Señaló que el cambio en el clima social fue evidente, especialmente después de la parálisis de las ciudades debido a las manifestaciones del magisterio zacatecano, que exigía el cumplimiento de sus derechos.
Valerio Quintero insistió en que, aunque no han logrado suspender la obra a través de los tribunales federales, no han recibido una negativa definitiva sobre sus reclamaciones, y sus demandas siguen siendo válidas.
El representante de Ciudadanía Participativa de Zacatecas subrayó que su movimiento no ha actuado fuera del marco legal y que continuarán luchando en los tribunales, incluso si es necesario llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También mencionó la importancia de exigir responsabilidades a los servidores públicos que apoyan el proyecto, haciendo un llamado a los funcionarios de Zacatecas a reflexionar.
Por otra parte, Rodolfo García Zamora expuso tres elementos clave en su análisis sobre la crisis estructural de Zacatecas y el impacto del viaducto elevado en el contexto de los retos nacionales. Primero, mencionó la crisis estructural del estado, que se agrava por la situación económica y política de México, en especial la agresión económica, comercial y geopolítica de Estados Unidos bajo la administración de Trump.
En este contexto, señaló que los gobiernos estatales deberían estar trabajando para resolver problemas y evitar generar conflictos, pero el gobierno del mandatario estatal David Monreal Ávila, ha actuado de manera incompetente y autoritaria, lo que llevó a la parálisis administrativa en Zacatecas durante 15 días. Esta parálisis fue acompañada por la insatisfacción de diversos sectores, incluidos los productores del campo, jubilados etc.
En segundo lugar, García Zamora describió el viaducto elevado como un «viaducto de la muerte», no solo por los riesgos físicos que representa, sino también por los daños a la democracia, la institucionalidad, la honestidad y la legalidad. Criticó la corrupción y la ilegalidad del proyecto, que ha desviado dos mil 350 millones de pesos sin la debida autorización del Congreso del Estado ni del Ayuntamiento de Zacatecas. Destacó que el proyecto nunca fue incluido en el Plan Estatal de Desarrollo y no ha sido autorizado, pero, a pesar de ello, ya se han comenzado a realizar trabajos preliminares sin la debida justificación legal.
García Zamora también señaló los riesgos asociados a la obra, como la posibilidad de una catástrofe por los problemas con el gasoducto y los cables de alta tensión en el área, además de los riesgos para la salud debido a la posible contaminación del subsuelo con mercurio.
El tercer elemento que mencionó fue la movilización ciudadana, que se intensificó a raíz de la crisis política y social en Zacatecas. Más de 30 organizaciones sociales, sindicatos, productores del campo y académicos se unieron para formar la “Coordinadora Zacatecana de Lucha Social”. Esta nueva organización busca presionar al Congreso del Estado y al gobierno estatal para detener el proyecto del viaducto elevado, así como para exigir que Zacatecas sea incluido en la agenda de transformación nacional.
Destacó la importancia de la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y en la creación de un proyecto de desarrollo para el estado, que considere sectores clave como el agroindustrial y las tecnologías alternativas. Además, recordó que el Congreso del Estado ha sido omiso en su función de fiscalizar el uso de los recursos públicos y ha permitido que el gobierno de Monreal maneje el estado de forma autoritaria.
Finalmente, García Zamora criticó la falta de transparencia en la gestión pública, destacando que, a pesar de las solicitudes de información sobre el proyecto del viaducto elevado, el gobierno de David Monreal y las autoridades correspondientes no han proporcionado los documentos y estudios necesarios. Según García Zamora, todo el proceso ha estado marcado por el disimulo y la corrupción, con el gobierno ocultando información vital y evadiendo su responsabilidad ante la ley. Además, subrayó la responsabilidad de los jueces, quienes, a su juicio, han actuado de manera inconsistente, permitiendo que la obra continúe sin la debida autorización.
Posteriormente Darío del Real señaló que los amparos contra el viaducto elevado están bien fundamentados, ya que la obra carece de permisos, dictámenes y estudios de riesgo. A pesar de que la juez del Juzgado Segundo Distrito negó la suspensión definitiva, argumentando que el proyecto podría beneficiar a la sociedad, del Real sostuvo que las primeras personas afectadas serán los residentes, comercios, escuelas y hospitales de la zona.
Explicó que el gobierno ha intentado ocultar el inicio de la obra, alegando que solo son trabajos preliminares, aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha confirmado que no hay permisos oficiales. Invitó a los afectados en la zona a presentar amparos, ya que la obra afecta a toda la población zacatecana, no solo a los vecinos cercanos.
Concluyó asegurando que seguirán presentando más amparos, ya que el proyecto impacta negativamente en áreas clave como educación, agricultura y salud, mientras que los recursos no se han utilizado adecuadamente.
