Al concluir el sexenio de Amalia García Medina, la indignación social era generalizada al considerarse que la ética política en el arte de gobernar había tocado fondo: Una ambición desmedida que saqueaba los recursos públicos, el “pago” a diputados que oscilaba en cantidades diversas según el interés de la gobernadora por el asunto a tratar y que requería el “voto a favor”, el endeudamiento para obras de la llamada Ciudad Gobierno en sumas nunca antes imaginadas en la Secretaría de Finanzas y una vicegobernadora en el uso y el abuso del erario.
La inseguridad en espiral imparable y el desmantelamiento, que no deja de ser sospechoso, de la Policía de investigación creada dos años antes del inicio del gobierno de Amalia (50 jóvenes licenciados en derecho capacitados por la policía judicial francesa y por la policía científica del mismo origen) y cuyos resultados eran del todo evidentes.
En política partidista la obstinación de la gobernadora de imponer un candidato prácticamente sin arraigo social, que junto con el desprestigio del gobierno motivó la salida de Miguel Alonso y otros del PRD que, integrados al Partido Revolucionario Institucional, dieron el triunfo a este instituto político. No está por demás señalar que la expectativa que generó Miguel Alonso a quien la gente consideraba un político honesto, fue factor decisivo en los resultados electorales.
La asunción de Miguel Alonso y la salida de Amalia tuvó tintes dramáticos que recordamos: Vencida, pero con la arrogancia que le conocemos, Amalia fue vilipendiada por el gobernador entrante al recibir el poder en el salón de pleno del poder Legislativo. Calificativos fuertes en relación con los faltantes y desviaciones de dinero y la culminación con la amenaza de proceder legalmente para el resarcimiento y/o castigo penal.
Luego vino la instauración de un procedimiento administrativo en contra de la ex gobernadora que ésta ganó de un plumazo: La inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos por faltar la firma del titular de la Contraloría Interna del gobierno de Ricardo Monreal.
Se murmuró de acciones penales en contra de Amalia que nunca se concretizaron y, para renovación moral, el gobernador presentó ante la Legislatura una iniciativa para substituir la Auditoría Superior por un Tribunal de Cuentas autónomo que además quitaba a los diputados las facultades de revisión de las cuentas públicas. Luego la iniciativa quedó en suspenso (congelada en el argot legislativo) propiciado por el propio gobernador, hasta llegar a lo que ahora ha ocurrido:
Inversión de más de 14 millones de pesos en restauración y acondicionamiento de la casa de gobierno a imitación de uno de los hoteles más lujosos de mundo.
El reclamo de contratistas de obra ante los fuertes diezmos que les fueron impuestos por un hermano del gobernador.
Enriquecimiento inexplicable (¿o explicable?) de funcionarios de alto nivel, con la compra de inmuebles que en condiciones de trabajo honesto nunca hubieran logrado adquirir.
Despilfarro de recursos en obras de ignominia como las llamadas glorietas del Bicentenario, a precio alzado y asignadas a hijos de funcionarios.
La intención aún latente, de entregar en comodato el edificio histórico considerado dentro del Patrimonio Cultural de la Humanidad conocido como Mercado González Ortega a la Cervecera Modelo de capital Belga.
Hasta llegar al Decreto del 30 de diciembre expedido por la Legislatura del Estado, cuyos diputados haciendo suyo indebidamente el argumento de Amalia García en relación con la falta de firma de la Ley de Responsabilidades, prácticamente perdonan cual si fuera amnistía política 115 cuentas públicas, algunas de cantidades millonarias y la aprobación del empréstito por más de 2,000 millones ¿a cambio?
Vea Usted el resolutivo literal en sus consideraciones más importantes:
“El ordenamiento vigente al momento en el que las denuncias motivo de estudio del presente fueron interpuestas, era la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicada el 8 de septiembre de 2001 en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
Los expedientes que se estudian comprenden los años 2008 a 2013; en cada uno de ellos, se denuncia a diversos servidores públicos por la inobservancia de las obligaciones previstas en el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades publicada en el Periódico Oficial del 8 de septiembre de 2001, ordenamiento legal conforme al cual se iniciaron los procedimientos sancionatorios respectivos.
En el caso de la Ley de Responsabilidades mencionada, no tuvo el refrendo del titular de la Contraloría Interna, requisito indispensable para dotarla de validez y, en consecuencia, para su integración en el sistema jurídico estatal.
No ha lugar al fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos mencionados en el Considerando Tercero de la presente Resolución, derivado de la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas del 8 de septiembre de 2001.”
A pesar de los años transcurridos desde la declaratoria de inconstitucionalidad hasta la fecha, no hubo una nueva ley. ¿Por qué? ¿Fue la intención para garantizar impunidad futura? ¿Le quitamos la H. (de Honorable) a la Sexagésima Legislatura? 9 enero 16. ■
