A partir de los últimos acuerdos del Consejo General del INE, todo indica que las elecciones federales del 2021 para renovar la Cámara de Diputados, serán disputadas por tres polos políticos encabezados por Morena, el PRI y el PAN, como ocurrió en 2018. Este escenario puede modificarse si el TEPJF rectifica el acuerdo del INE y le otorga registro al partido de la familia Calderón-Zavala, México Libre, en cuyo caso el arranque sería con cuatro polos. También puede ocurrir que los poderes fácticos contrarios al gobierno de AMLO decidan concentrar todos sus recursos en sólo una de las alternativas, de manera que los neoliberales se agrupen en una coalición encabezada por el PRI, o en la que encabece el PAN o el ML. El resultado representará un avance considerable en la construcción de un sistema bipartidista en México. Eso es muy probable debido a que en la elección de diputados de mayoría relativa, la coalición dominante encabezada por Morena vería facilitada su sobrerrepresentación si la oposición se fragmenta en dos o más alternativas, como ya ocurrió en 2018. Esta rasgo del sistema electoral mexicano y de la legislación puede representar una espada de Damocles para los partidos más pequeños que desean participar por su cuenta, sin alianzas.
Vale la pena recordar la magnitud de la sobrerrepresentación en 2018: Los datos no dejan lugar a duda: la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y PES) obtuvo el 43.65 por ciento de los votos en la elección de senadores, pero se le asignó el 53.9 de los escaños. Mientras que, en la cámara de diputados, la misma coalición cosechó, sumada, el 43.5 por ciento de votos, pero detenta el 61.6 de las curules. Esta realidad no fue asumida por la oposición para plantear con fuerza una reforma electoral que disminuyera el riesgo de sobrerrepresentación. Ahora están obligados a buscar la unidad a toda costa, con los riesgos de sufrir rupturas importantes.
Donde la competencia puede ser más pareja será en las luchas por las gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales: La pluralidad se nota en las siguientes cifras: 27 gobernadores de México no pertenecen a Morena y militan en otros cuatro partidos –sobre todo en el PAN y en el PRI-, con Jalisco para Movimiento Ciudadano y Michoacán gobernado por el PRD. El pluralismo se expresa aún con más fuerza en el último peldaño de la gobernabilidad: alcaldías y municipios donde se reveló una diferenciación del voto mucho mayor. Las dificultades de Morena para postular candidatos unitarios pesaron demasiado: de los mil 598 municipios disputados en México durante 2018, solo 347 fueron ganados por Morena o por su Coalición (el 21.7 por ciento del total). En síntesis, el cambio político de 2018 condujo a que tengamos: un Presidente electo por el voto de la mitad de los ciudadanos. Un Congreso federal con mayoría absoluta de Morena lograda por una sobrerrepresentación propiciada por la competencia uninominal con más de dos competidores y por viejas fórmulas legales de traducción de votos en escaños. 27 gobernadores que provienen de partidos distintos al del Presidente y una abigarrada diversidad en el archipiélago municipal de México. Esta es la realidad de la política sobre la que está actuando el gobierno de la cuarta transformación.
El mayor reto de la fuerza gobernante es consolidar en las próximas semanas una dirección partidaria colegiada que llene el hueco dejado por la decisión presidencial de abstenerse de toda intervención en el partido, con el suficiente oficio y representatividad para lograr procesar sus candidaturas, sobre todo las locales, con un método que garantice la cohesión del partido y su coalición dominante, lo que se dice fácil pero se trata de un reto mayúsculo a superar en un tiempo perentorio. La convocatoria aprobada y publicada por el INE hace dos días introduce elementos que solo complican la elección de la dirigencia de Morena y confirman, igual que el otorgamiento por el INE del registro electoral de un partido confesional (PES), que las instituciones que tienen a su cargo la conducción del proceso electoral generan más problemas que los que resuelven, y que pasada la elección de julio del año próximo habra que abrir el debate para crear un sistema menos oneroso y más eficiente e imparcial.
