La SCJN dejará de ser rehén; en la campaña intentaron corromperme

En pocas semanas asumirá el mayor desafío contemporáneo en la historia de la justicia nacional: encabezar la recomposición del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalado de estar corroído por la corrupción. El futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, vaticina que dejará de ser rehén de intereses externos e internos para impartir justicia para todos, especialmente para los de abajo

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Asume el reto y denuncia que durante la reciente campaña intentaron corromperlo. “Hubo sectores que me decían: ‘aquí van mis votos, y tú comprométete a fallar de esta o de otra manera’”.

–¿Qué sectores? ¿Políticos, privados? –se le preguntó.

–Más que nada de intereses económicos. Yo les dije: van a tener una Corte dialogante y vamos a charlar los temas de ustedes. Sí, pero el compromiso, me decían. Yo respondía: No, si de eso estamos queriendo vacunar a la Corte. A mí me decían: No, pues entonces no vas a ir en nuestra lista (de candidatos).

“Les dije: ‘A tu gente dile que mi ofrecimiento es de diálogo y objetividad. Si así no quieren votarnos, entonces ustedes forman parte de quienes quieren que la Corte sea rehén de intereses’”, remató.

Desde una oficina sobria en la alcaldía Miguel Hidalgo, decorada con imágenes de mujeres indígenas y frases sobre igualdad, Aguilar Ortiz conversó con La Jornada y explicó que el plan de trabajo está casi listo para implementarse a partir del primero de septiembre.

Los nuevos ministros, afirma, transformarán al máximo tribunal de forma y fondo para hacerlo más cercano, transparente y eficaz. Esto implica acabar con resoluciones en lo oscurito, guardar expedientes por años y priorizar casos de abusos históricos a derechos humanos con sentencias que ayuden a sanar heridas sociales y así calmar protestas y manifestaciones.

La Corte tiene que dar la sensación de que sí está satisfaciendo esta necesidad de justicia, ese es el reto. De arriba para abajo, pero principalmente los de abajo. Los de arriba tienen despachos de abogados y van a llegar (a la Corte) y ahí tengo que ver cómo los atendemos. Pero al de abajo, si yo no hago algo, no van a llegar, explicó.

También se refiere a la relación que mantendrá el Judicial de la Federación (PJF) con los poderes Ejecutivo y Legislativo luego del distanciamiento que comenzó en enero de 2023, cuando la ministra Norma Piña Hernández asumió la presidencia. Aguilar Ortiz apuesta por el diálogo sin subordinación ni componendas.

“Espero que ellos (los poderes) también tengan apertura al diálogo. Por ejemplo, si hay una iniciativa de ley de amparo, ¿que no escuchen a la Corte? No me parecería justo. ¿Y yo voy a esperar a que llegue la ley de amparo y la voy a tirar? Pues qué necesidad… Tampoco vamos a jugar a las vencidas, a las fuercitas”, sostiene.

Sólo tengo deuda con quienes votaron por mí

Rechazó tajantemente que los casi 6.2 millones de votos que recibió impliquen compromiso con partidos, gobiernos o grupos empresariales. Yo puse mis ahorritos y no tengo deudas con nadie, excepto con quienes votaron por mí.

Sobre los acordeones usados para votar, muchos ligados a Morena, el jurista descarta que definieron su triunfo por el amplio margen que obtuvo. No obstante, admite que cualquier votante requería una guía, pues incluso a él le tomó 40 minutos hacer la suya.

La lista era necesaria. Era inviable hacer una elección sin apoyo, declaró.

Reconoce que dentro del PJF persisten grupos de poder, ya que sólo se renovó la mitad de sus integrantes. Señala que durante la campaña se enfrentaron a esa realidad, pues escucharon denuncias sobre corrupción, juicios lentos y cobros indebidos.

Por ello, advierte que si no hay vigilancia y sanción, en cinco años tendremos los mismos vicios: corrupción, deshonestidad, venta de la justicia. El Tribunal de Disciplina será crucial.

Subraya que su trayectoria en la defensa de pueblos indígenas y afromexicanos no compromete su imparcialidad, sino que representa una oportunidad para acercar la justicia con mínimos ajustes (a la ley) y actitud (del juez). En los pueblos indígenas se sirve un año sin cobrar y se gana respeto. Eso debe ser un valor.

Aprovechó para defender la gestión que llevó hasta mayo pasado como coordinador general de derechos indígenas del INPI, tras cuestionamientos que señalan que él limitó la participación en las consultas del Plan de Justicia Yaqui. “Las deliberaciones del pueblo yaqui se realizan en su guardia tradicional donde yo no puedo incidir. Y ahí es un lugar abierto… El instituto no puso barreras, filtros, no puso guardias para seleccionar a personas”.

Actualmente, el pleno de la Corte saliente está dividido, dificultando lograr mayoría calificada para validar o invalidar leyes. Sin embargo, afirma que no espera unanimidades, aunque se ha señalado la afinidad de la futura integración con la llamada 4T.

La interpretación constitucional rara vez es unánime. Pero sí puede haber unidad de método, enfoque y objetivos: servir, sostiene.

Aguilar Ortiz será el primer presidente de la Corte elegido por voto popular –desde Benito Juárez en el siglo XIX–, aunque con menos poder que sus antecesores tras la reforma del 15 de septiembre de 2024 que le quita el control administrativo y disciplinario del PJF.

Sin embargo, eso no lo ve como una desventaja, siempre que haya coordinación con el nuevo Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial. Incluso lo considera positivo, pues con menos funciones pedirá ponencia (un equipo de trabajo) para resolver casos, algo que, asegura, no han hecho Norma Piña ni anteriores dirigentes: Yo voy a pedir, aún siendo presidente, también imprimirle mi criterio a cada caso.

Respecto al rezago de miles de asuntos y la desaparición de las dos salas, adelanta que en agosto presentará a sus compañeros un plan para desahogarlos. Se reserva opinar sobre casos específicos, como los litigios fiscales de Grupo Salinas, para no ser declarado impedido. “No voy a cometer ese error… supongo que están ideando un escenario en el que todos los ministros estén inhabilitados, entonces ya no hay quien resuelva”, advierte.

Pero garantiza que se acabarán las resoluciones en lo oscurito y los expedientes guardados. Además revisarán los plazos procesales y se buscará reducirlos, al tiempo que critica que actualmente la publicación de sentencias puede tardar hasta dos años y el turno de un expediente, hasta 15 días. Adelanta: Pediré que se turnen expedientes en 48 horas.

Sobre la necesidad de ajustar las facultades de la Corte para atraer sólo asuntos estrictamente constitucionales, aclara que hay temas obligados porque no se han consolidado criterios, como medio ambiente, mujeres y pueblos indígenas.

En algunas materias estamos arrancando de cero. Pueblos indígenas, por ejemplo, la reforma fue el 30 de septiembre. Para mí, casos sobre pueblos indígenas todos debieran de atraerse, señala.

Respecto de los privilegios de ministros, como seguros médicos, tarjetas con 60 mil pesos o vehículos blindados, asegura que sólo se mantendrán los estrictamente necesarios. ¿Seis celulares por ministro? No. ¿Vehículos blindados? Sólo si son indispensables. No pondría en riesgo a nadie, señala.

En cuanto a la agenda indígena, afirma que la Corte debe ayudar a implementar el artículo segundo constitucional: ¿Qué es ocupación? ¿Qué lugares son sagrados? ¿Cómo se protege el patrimonio cultural? Todo eso requiere criterios. No voy a imponerlos. Vamos a construirlos con diálogo y peritajes.