Los mexicanos estamos siendo testigos de un proceso democrático histórico que cambiará por siempre la vida pública del país, la reforma al Poder Judicial que en algunas semanas permitirá a los mexicanos elegir a quienes imparten la justicia, es evidencia de que la elección de nuestros representantes en los diversos poderes, no sólo debe centrarse en aquellos cargos de representación popular, sino que cada vez más, los mexicanos podamos ampliar la posibilidad de elegir a los representantes de todos los podres del estado.
Las elecciones que hoy vivimos de cargos judiciales en los Poderes Judicial federal y estatales, terminarán por cambiar la forma en que operaban, pues hoy en día, quienes buscan encabezar la impartición de justicia, tienen la oportunidad de plantearle a los mexicanos de frente, en las calles, en los medios y a través de las diversas plataformas digitales, el cómo interpretan y conciben la impartición de justicia, los derechos y la protección de los mismos, para lograr un país más justo y equitativo, a la par, descubren que los mexicanos están atentos a sus planteamientos y visión de la justicia, así como también son críticos de quienes participan confundiéndose con los procesos políticos y electorales de otros encargos de representación. El mexicano tiene claro que no se trata de un concurso de popularidad, sino de una elección entre diversas visiones y concepciones de la impartición de justicia y de los derechos.
La transformación de la vida democrática en México no debe parar con la participación de la ciudadanía en la, ahora sí, elección de todos los cargos de los tres poderes, sino que debe lucharse por ampliarse a organismos autónomos e instituciones cuyas funciones son la vigilancia de elecciones libres y democráticas como el INE, cuya función, en esencia, es la de ser árbitro electoral para evitar el desequilibrio democrático y asegurar una verdadera representación de los intereses colectivos. Institución que ha sido cooptada durante décadas por los grupos de poder y políticos incrustados en el Poder Legislativo y Ejecutivo que se han repartido los más altos cargos al interior del Instituto Electoral.
Este control de los árbitros electorales permeó hacia abajo, los institutos electorales de los estados también han sido controlados al distribuirse entre las bancadas en los Congresos Locales en común acuerdo con los ejecutivos de los Estados, los cargos de consejeros electorales cuyas funciones son las de vigilar el desarrollo de procesos electorales sin vicios, sin corrupción y democráticos.
El rechazo de la derecha a reformar dichas instituciones, es una muestra evidente de que se niegan a perder los últimos espacios de poder que les permite controlar actos antidemocráticos, el caso de la destitución de un Consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es claro ejemplo de lo que señalamos, quien debió abstenerse de participar en la calificación de planillas en las que familiares participaban, poniendo en duda la credibilidad de otros consejeros que quizás desconocían el hecho pero que ahora, frente a la opinión pública, los convirtió en cómplices de sus faltas como servidor público.
Es un hecho que en México avanzamos en materia democrática hacía un país en el que el ejercicio del poder se basaba en la simple representación de los electores y que ahora se va transformando en una democracia participativa, en la que el ciudadano, sin importar su ideología política, se involucra cada vez más, no sólo en la elección de todos los cargos de los podres del estado, sino que, participa activamente y de manera permanente en la discusión pública.
Esta transición hacia una nación más democrática debe fortalecerse con otras reformas en la materia, como por ejemplo, una necesaria y urgente reforma al sistema de partidos, pues como hemos sostenido en otras colaboraciones, de nada servirán las reformas ya conquistadas si no logramos impulsar un cambio profundo en el sistema de partidos, pues de continuar con los mismos mecanismos, de poco servirá que se elijan cargos de otros poderes, si quienes nos ofrecen una cartera de candidatos para el Poder Legislativo y Ejecutivo, no han tenido el compromiso de consolidar procesos de selección de candidaturas más transparentes y democráticas, manteniendo los acuerdos cupulares y de grupos para el reparto de candidaturas.
Es urgente, entonces, que las instituciones encargadas de velar por procesos electorales justos y sin vicios, así como aquellas encargadas de ofrecernos representantes populares, se transformen y se conviertan en instituciones cuya esencia sea la representación única de los intereses del pueblo de México sin excepción alguna.
