La diputada local por Morena, Maribel Galván Jiménez, planteó una propuesta de reforma a la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios en materia de los Bienes de los Entes Públicos con la que busca agregar un párrafo al Artículo 13, del Capítulo II, que reza sobre cuáles son los bienes sujetos al régimen de dominio público y dar certeza jurídica a éstos.
Con el planteamiento de la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la 64 Legislatura, el párrafo que se añadiría refiere que “Todo inmueble destinado como vía pública que esté establecido en un plano o registro oficial existente en cualquiera de las unidades administrativas del Municipio o del Estado, en el Archivo General del Estado, en el Archivo General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, salvo prueba en contrario, se presumen propiedad del Estado o Municipio”.
Esta disposición, se señalará también en la modificación, será aplicable a todos los bienes de uso común o destinados a la prestación de servicios públicos, esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley a reformar.
La legisladora indicó que en Zacatecas la Constitución local regula el patrimonio propiedad del estado, por lo que resulta reglamentaria de estas disposiciones la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. No obstante, subrayó que en la actualidad existe un déficit de registro de bienes inmuebles de uso común y los destinados al servicio público tanto a nivel local como municipal, esto derivado del descuido y falta de diligencia de parte de administraciones pasadas.
“Los bienes se encuentran vulnerables mientras que esta situación no se subsane, lo que implica un trabajo arduo y también un costo derivado de la inscripción en el registro público de la propiedad, por lo que se hace necesario brindar protección jurídica a los bienes inmuebles que se encuentran en esta situación”, detalló la legisladora.
En su propuesta añadió que, esto no exime de la responsabilidad de las autoridades competentes de llevar a cabo sus tareas conforme al marco jurídico vigente en la entidad, sino que únicamente pretende establecer una presunción salvo prueba en contrario, que no represente afectación a un derecho adquirido, tanto por un particular, como por alguna entidad.
