Desde su nacimiento, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha enfrentado al que quizá es el pacto que gozó, o ha gozado de mayor confianza, entre la clase política: el pacto de la impunidad. A partir de esta realidad, dicho sistema, en todos sus ámbitos y niveles, ha visto limitados los recursos que debiera tener para el correcto desarrollo de sus tareas, y, por tanto, sus alcances, resultados e impactos se han visto condicionados a tal contexto. Los sistemas estatales, a su vez, han mostrado una clara diferenciación en su implementación, a tal nivel, que según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), existen en el país tan solo 25 políticas estatales anticorrupción aprobadas, de un total de 32. Otro tanto podría decirse de los nombramientos que se requieren para que los sistemas funcionen, cuando incluso en el plano nacional se mantienen dos posiciones de personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pendientes de selección por parte del Senado de la República. En resumen, las instancias que conforman los distintos sistemas que, a su vez, consolidan la política del Estado mexicano para prevenir, denunciar, identificar, y en su caso, sancionar la corrupción, siguen enfrentando desafíos, ya no digamos derivados de sus políticas, acciones y decisiones públicas, sino de su instalación misma y de implementación.
Por lo anterior, es de reconocerse y aplaudirse el esfuerzo que se está realizando para llevar a cabo la Primera Asamblea Nacional Anticorrupción, cuyo contexto, según los propios convocantes, es la siguiente (cito textualmente): “La realización de la Asamblea Nacional significa dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) El evento contará con la participación de más de 800 personas, entre las que destacan: personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, representantes de la iniciativa privada, academia y sociedad civil afines a las temáticas de prevención, combate y sanción de actos de corrupción y faltas administrativas”. La convocatoria, además, atiende y entiende la naturaleza plural, diversa y dispar, de nuestro contexto nacional y de nuestro federalismo, una característica que ha acompañado a nuestro sistema político, cultural y social durante toda nuestra historia. El ejercicio, primero en su carácter, permitirá, además, la interacción, entre los diversos actores, tanto públicos como particulares, y con ello, el intercambio de ideas, posturas, posiciones, experiencias y la consolidación de buenas prácticas. Desde este espacio no solo reconocemos, sino que, además, aplaudimos y de nueva cuenta, respaldamos, en las trincheras que nos corresponden, la iniciativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de Roberto Moreno y del Comité de Participación Ciudadana, hoy encabezado por Francisco Raúl Álvarez, de quienes me consta su disposición y pleno interés en el desarrollo, desde lo local, de la agenda anticorrupción.
Finalmente, cabe reiterar que las tareas de prevención, identificación y combate a la corrupción, pasan en el diseño jurídico vigente, por las figuras de los órganos internos de control y sus análogos, sin los cuales, las políticas, medidas, acciones y estrategias, así como las sanciones, no serán posibles. No obviemos que son las ventanillas de acceso a los procedimientos de responsabilidad administrativa, y en otros casos, como en el de la transparencia, a la garantía, vía sanción administrativa por incumplimiento, y finalmente, de apoyo en el caso de los procesos que deriven en la arena penal. Sin estos, difícilmente lograremos ver avances sustanciales y tangibles a nivel social e institucional, en materia de combate a la corrupción. Este punto en la agenda sigue siendo relevante. Retomarlo e impulsarlo, desde lo nacional, pasando por lo local, hasta su alcance municipal, podría ser un logro que reditúe a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho a la buena administración, sea vinculante (como ya lo es en la Ciudad de México) o aún deseable (como lo sigue siendo en la mayoría, sino es que, en todas, las entidades del país).
@CarlosETorres_
