A estas alturas de la administración federal, son inequívocas las señales del rumbo que este gobierno esta imprimiendo en cada una de sus acciones para modificar la dirección que el país había estado transitando en el concierto internacional de las naciones, desde una ideología de centro izquierda, abrazada por nuestro país desde el fin de la revolución, ahora en ruta de regreso a la situación de colonia bajo un gobierno dictatorial, sometida a las condiciones de alguna potencia internacional.
Una de estas señales ha sido siempre la represión en contra de los líderes sociales que abanderando alguna causa pueden representar riesgo al control hegemónico del régimen, como ha sido el caso del doctor José Manuel Mireles, uno de los artífices en la creación del movimiento de autodefensas en el convulsionado estado de Michoacán, y que como fielmente ha sido reseñado por medios nacionales de comunicación, ha sido detenido, rapado y rasurado, torturado e incomunicado en un penal ubicado en Sonora, a miles de kilómetros de su tierra natal michoacana.
Esto tiene graves implicaciones, no queda claro el por qué este régimen federal permitió, toleró, e incluso puede haber impulsado en su momento la creación del movimiento de autodefensas, que aunque ya habían sido creadas en otros estados, como en el caso de los municipios autónomos en regiones indígenas de Chiapas, Guerrero y otras entidades, en Michoacán representó un verdadero movimiento libertario, ante la nula respuesta de este régimen, que a pesar de haber militarizado el estado y gran parte del país, no puede ofrecer resultados contundentes y significativos para abatir la inseguridad y la delincuencia organizada
No es el único caso, el de Nestora Salgado, la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, detenida de forma igualmente ilegal como represalia por su trabajo en contra del crimen organizado y la corrupción municipal en su entidad natal de Olinalá en Guerrero, aunque tal vez no ha ocupado los mismos espacios que el emblemático Mireles en los medios nacionales, no por ello es menos significativo, fue detenida en agosto de 2013 durante un impresionante operativo de fuerzas militares, estatales y municipales y llevada inicialmente a Acapulco, y luego a una prisión de máxima seguridad en Nayarit, a mil kilómetros de distancia Inicialmente ordenaron su prisión preventiva imputándole como secuestros unas detenciones realizadas por la Policía Comunitaria en el marco de sus funciones, cualquier parecido con el caso de Mireles en el proceder del aparato de justicia federal es mera coincidencia, ¿o no?
Pudiera ser coincidencia, pero los casos de represión contra líderes sociales, que sacan la cara ante la ineficiencia, la inoperancia y la desatención del régimen, están multiplicándose, de la misma manera abusiva y arbitraria fue detenido Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico La Parota (Cecop); un proyecto social y ambientalmente inviable que hoy redita el Programa Nacional de Infraestructura, bajo el nombre Proyecto Hidroeléctrico Nuevo Guerrero. Tras ser víctima de torturas y tratos crueles, Suástegui fue trasladado a un penal federal, todo por alzar la voz en contra de un proyecto multimillonario de dudoso beneficio y de gran impacto ecológico negativo, también en el sufrido estado de Guerrero.
Otros presos políticos evidentes de este régimen son Gonzalo Molina, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Guerrero, Arturo Campos Herrera, dirigente de la policía comunitaria y coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, Guerrero, y los comuneros de Aquila, integrantes del grupo de autodefensa del municipio de Aquila, Michoacán, Acusados de delincuencia organizada y violación la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Es claro que se está persiguiendo a los líderes sociales utilizando acusaciones muy cuestionables, pero actuando con una celeridad no vista en la persecución del crimen organizado, en todos estos casos, Gobierno Federal ha encerrado líderes sociales en cárceles de alta seguridad, una verdadera regresión a una dictadura, podemos evocar al régimen porfirista, que empleó la remota cárcel de San Juan de Ulúa para hacer especialmente severa la reclusión de los presos políticos el siglo pasado, ahora, podemos atestiguar cómo líderes sociales de Atenco y Oaxaca fueron recluidos en Almoloya, mostrando que ya hay una estrategia en este régimen para librarse de sus enemigos políticos.
Es claro que como en el oscuro periodo de Porfirio Díaz, el delito es disentir, es defenderse, es alzar la voz en contra de lo que está haciendo mal este régimen, el fantasma del autoritarismo está haciéndose presente dondequiera que la gente se atreva a cuestionar el actuar o la falta de éste por el gobierno o de los gobiernos afines a este régimen federal, más que nunca en los tiempos modernos, el país se está acercando peligrosamente a convertirse en una dictadura formal, lo que habíamos estado advirtiendo desde la campaña de Peña Nieto.
El hecho es que tal pareciera que Gobierno Federal y gobiernos estatales afines al PRI quieren vernos inermes, atestiguando silenciosamente del actuar del crimen organizado, de la corrupción del mal gobierno, convertidos en mercancía en venta para la grandes trasnacionales, junto con el patrimonio nacional como los hidrocarburos, los minerales, las telecomunicaciones y otros bienes, para lo que está utilizando ya los métodos represivos de antaño, olvidando tal vez la lección de la historia, el régimen que se vuelve contra el pueblo y sus designios, no durará mucho, por eso llego la Revolución y por eso esta culminó y se consolido en Zacatecas, tendrá que volver a suceder esto? los Mireles, Salgado, Suástegui, Molina, campos Comuneros de Aquila y muchos más se multiplicarán, habrá cárceles suficiente para todos? Pronto veremos el veredicto del juicio de la historia. n
Coordinador de la Comisión Operativa de
Movimiento Ciudadano en Zacatecas
