El Poder Judicial de la Federación suspendió provisionalmente a Gelacio Vilalobos Ovalle de su cargo como magistrado en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en Zacatecas, por quejas de acoso laboral y violencia política de género; a su vez, al magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte fue acreedor a una amonestación verbal.
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial admitió tres quejas contra estos servidores públicos y determinó la amonestación hacia uno y la separación de sus funciones al otro, ello mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.
De acuerdo con información proporcionada por personal del Poder Judicial de la Federación, el hecho es relevante porque se trata de una persona que debe resguardar los derechos humanos de las personas y que incurre en prácticas de acoso laboral.
Una de las quejas fue de parte de un extrabajador que era secretario dentro del Tribunal Colegiado y de otros dos secretarios de su misma ponencia, y otra más de parte de magistrada y de los secretarios de su ponencia.
En lo que respecta a la queja por violencia política de género en contra de la magistrada, la denuncia señala ofensas y burlas hacia los proyectos de sentencia de la servidora pública, a la vez que la denostaban por ser una magistrada electa, mientras ellos se asumieron como “magistrados de carrera judicial”.
Asimismo, personal del tribunal que solicitó anonimato afirmó que Villalobos Ovalle tenía personas cercanas que se encargaban de difundir la denostación que se hacía contra la magistrada.
En el caso del magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte, ya había antecedentes de acoso laboral y, en su caso, solamente se le hizo una amonestación verbal y le manifestaron que en el Poder Judicial de la Federación no hay distinción entre titulares.
Si el dictamen acredita la responsabilidad del magistrado por acoso laboral y violencia política de género, sería destituido, y al tratarse de un funcionario que no fue electo en el anterior proceso electoral, su lugar quedaría ocupado por los secretarios en funciones.
Por tanto, será necesario esperar a que concluya el procedimiento de investigación interna que realiza el Poder Judicial de la Federación para conocer el resolutivo final en esta situación en la que se presume que los magistrados no respetaron el código de ética en su trato hacia la magistrada y secretarios con el argumento de no estar de acuerdo con los criterios.
