Un agente y dos ex oficiales de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV), denunciaron en conferencia de prensa presuntos actos de corrupción del titular de esta dependencia, e incumplimiento en el pago de finiquito de elementos cesados de la corporación, derivado de la aplicación de exámenes de confianza, procedimiento que señalaron en sus casos como irregular, toda vez que, expusieron, tiene una caducidad de ocho meses y significó su salida de la DTTyV; les fue practicado hace más de dos años.
Entre los señalamientos que atribuyen a Agustín Jaime Ortiz Arellano se enumeran acciones de tráfico de influencias, represalias, usurpación de funciones, amenazas y un probable atentado ocurrido hace justo un año, este último perpetrado contra José Guadalupe Hernández.
El director de Tránsito, según los dichos de los denunciantes, cobra porcentajes a las grúas privadas, es propietario de dos camiones que dan servicio de transporte de personal a minera Peñasquito y operan con una prestanombres; asimismo, expide los denominados «permisos experimentales» a discreción, mismos que aunque los agentes de Tránsito reporten a sus superiores como ya vencidos incluso por años, pues sólo tienen vigencia de seis meses, reciben órdenes de dejar sin penalización.
Raúl Torres Almeida expuso que luego de ofrecer sus servicios a la corporación durante 28 años y haber recibido en el ejercicio de sus funciones dos impactos de bala, fue despedido luego de que supuestamente no acreditara el examen de control de confianza, un documento cuyos resultados son confidenciales para los afectados y que, por tanto, no puede corroborarse en su legalidad.
Denunció también que en su expediente aparece un documento apócrifo de renuncia que fue validado sin que aparezca su firma, y por el que se le reconocen sólo cuatro años de servicio.
El ex funcionario confesó que recibía órdenes directas de Ortiz Arellano, desde 2011 y hasta que fue cesado, para, en horas laborales, llevar a servicio, escoltado por una patrulla de la Dirección, dos camiones presuntamente propiedad del titular de la dependencia, que transportan personal para Peñasquito Goldcorp, y que están registrados a nombre de una mujer llamada Lorena, de la cual no precisó su apellido.
Torres Almeida, quien también denunció el incumplimiento en el pago de su finiquito acordado para el 28 de enero, dijo exigir sus recursos, y rechazó buscar una reinstalación, porque no quiere regresar a una corporación «que está llena de una mafia».
Al respecto de estas denuncias, Guadalupe Hernández, aún oficial de la DTTyV del estado, responsabilizó de su integridad física a un chofer de Gobierno del Estado, a quien en los corrillos de la Dirección de Tránsito llaman, sustentado en el poder que ejerce, dijo, «Comandante Fernando» -Fernando Martínez-, y quien presuntamente funge como «padrino» de Ortiz Arellano, y a este último.
Los denunciantes se dirigieron al jefe del Ejecutivo estatal, en voz de Guadalupe Hernández: «Queremos que mi señor gobernador nos voltee a ver», pues, precisaron, lo dicho ha sido expuesto y documentado ante el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, sin que éste encuentre elementos para atender el asunto.
De igual forma, denunciaron al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), por la omisión frente una serie de quejas interpuestas ante este organismo contra Agustín Jaime Ortiz Arellano, que no han sido atendidas.
