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miércoles, 28 septiembre, 2022
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Pacto de impunidad y demagogia partidista: puertas abiertas a la corrupción

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS • Araceli Rodarte •

El castigo de las transgresiones de la ley es una forma de inhibir la multiplicación de las mismas. Por tanto, lo contrario también es cierto: la impunidad es una forma de estimular la proliferación de la criminalidad. En el caso de Zacatecas, ya no sólo se aluden algunos casos de protección a ciertos eventos de corrupción a partir de la no observancia de la ley; sino que han derrumbado la ley misma. En forma gráfica: la ley tiene las funciones de un cerco para evitar que se excedan en sus límites de acción los funcionarios públicos y se mantengan debidamente acotadas las posibilidades de abuso.

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Como los rediles que limitan que el ganado se pase y atraque pasto que no le corresponde. Aunque siempre vemos que algunos logran saltar las barreras de la ley para realizar actos ruines. Sin embargo, ahora mismo la situación es diferente y mucho peor: no se trata de que algunos políticos logren violar los rediles, sino de que han derrumbado los propios cercos. En Zacatecas ahora mismo no hay Ley de Responsabilidades, o se actúa como si no la hubiera, con el agravante de que lo declaran expresamente los encargados de hacer y actualizar las leyes, y que al mismo tiempo son los responsables de la función de fiscalización. El argumento es de un cinismo de igual calidad: sin límites. Los señalamientos de la Corte son de 2011, y a la fecha no han corregido “el error”. Hace unos meses presenciamos cómo pueden aprobar leyes de gran envergadura en pocas semanas, y en este caso no han hecho nada a lo largo de años. Podremos exhibir las hipótesis de la ignorancia o la incapacidad, pero no son el caso. No son ignorantes ni tampoco incapaces, saben bien lo que hacen y saben cómo se corrige la anomalía. Pero aun sabiéndolo y pudiendo resolver, no lo hacen. Por tanto, claramente es un caso de metacorrupción por parte de los legisladores: omisión deliberada que induce a cometer actos de corrupción; y además, con deliberación concertada.

Por ello, es claro cómo de 2011 a 2012 (en un solo año, en cuanto quedó derrumbada la Ley de Responsabilidades) se triplicó el monto de acciones resarcitorias de los municipios. La pradera está seca, y la clase política ha derribado las cercas que pretendían evitar la corrupción. Así como las votaciones para aumentar sus ingresos son unánimes, también las acciones para omitir el castigo a los corruptos. Lo cual indica la universalidad de la corrupción al interior de todas las élites políticas. No se proponen medidas de emergencia o pactos urgentes para levantar los potreros legales. Sólo se declaran lamentaciones demagógicas que levantan los hombros para ver pasar la impunidad; y justo así: con toda impunidad también. La ausencia de un pacto para resolver la emergencia, habla de un pacto en sentido inverso, para evitar la acción fiscalizadora. La pregunta es, ¿habrán ya calculado las consecuencias del nivel de hartazgo de la sociedad por estas omisiones tan toscas?

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