Este viernes se celebró la segunda mesa de trabajo de la Agenda Compartida: Construcción Legislativa para la Igualdad y la Erradicación de las Violencias, convocada por las comisiones de Parlamento Abierto e Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la LXIV Legislatura. Este evento reunió a legisladoras, funcionarias y funcionarios, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos, quienes coincidieron en la urgencia de seguir avanzando en la construcción de una agenda legislativa que garantice la igualdad de género y combata todas las formas de violencia frente a los retos contemporáneos.
Al tratarse de la segunda edición de este parlamento, se presentó la síntesis de la relatoría de la primera mesa de trabajo, cuyo objetivo principal fue la construcción de una nueva ley que garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta iniciativa busca alinearse con la realidad estatal y adoptar un enfoque participativo, en el cual las voces de las mujeres, las instituciones y la sociedad civil sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Se debatió sobre la creación de un diagnóstico profundo que permita actualizar las figuras jurídicas y adaptar la normativa a las realidades actuales. Se acordó que la nueva legislación debe ser interinstitucional y participativa, asegurando la inclusión de los tres poderes del Estado, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de la ciudadanía.
En su intervención, María Elena Ortega, coordinadora técnica y de planeación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, destacó la importancia de involucrar activamente a la sociedad civil y al movimiento feminista en el proceso legislativo. Subrayó que la violencia de género no debe considerarse solo como un problema que afecta a las mujeres, sino como una cuestión estructural que impacta a toda la sociedad. Hizo un llamado a los legisladores para que las propuestas feministas sean escuchadas y se traduzcan en políticas públicas efectivas.
Por su parte, la diputada Isadora Santibáñez reconoció los avances logrados por la comisión en la protección de los derechos de las mujeres, destacando las iniciativas aprobadas en los últimos meses. Sin embargo, señaló que, aunque la ley de acceso en Zacatecas es una de las más avanzadas, aún queda mucho por hacer, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que puede ser utilizada para cometer violencia política de género. También propuso ampliar las medidas contra las violencias digitales y fortalecer las sanciones administrativas, que a menudo se ven bloqueadas por estructuras patriarcales dentro de las instituciones y empresas. La diputada hizo hincapié en la necesidad de tipificar la violencia institucional, que ocurre cuando las entidades responsables no sancionan a los agresores.
La jueza Esmeralda Castro, por su parte, destacó la necesidad de armonizar la ley estatal con la ley general para garantizar su efectividad en la protección de las mujeres. Subrayó que, aunque la legislación estatal tiene elementos útiles, la ley general prevalece, por lo que una armonización permitiría integrar estos avances de manera práctica. Propuso también la inclusión de tipos de violencia psicológica, como la infidelidad, la celotipia, la indiferencia y las comparaciones destructivas entre mujeres, que no están suficientemente contemplados en la legislación. Además, destacó la importancia de ampliar las medidas de protección, sugiriendo que se otorgue más tiempo para ratificar las medidas cuando los casos no se judicializan en el plazo establecido debido a la sobrecarga de trabajo en la fiscalía.
Uno de los puntos clave de la discusión fue la tipificación de diversas formas de violencia, especialmente la violencia institucional, que aún no se reconoce adecuadamente en la legislación actual. La propuesta planteó que es fundamental abordar explícitamente esta violencia en la ley, de manera que las mujeres puedan acceder a mecanismos de defensa más eficaces. En este sentido, se resaltó la importancia de implementar protocolos obligatorios en todas las instancias públicas, desde las administraciones centralizadas hasta los organismos descentralizados, para prevenir, atender y sancionar la violencia de género.
En cuanto al sistema judicial, se enfatizó la necesidad de integrar la perspectiva de género en todos los casos de violencia de género, sin importar el tipo de juzgado. Actualmente, la falta de un protocolo uniforme en el sistema judicial dificulta la adecuada atención de los casos de violencia contra las mujeres, por lo que la propuesta aboga por una reforma integral que permita abordar estos casos con mayor eficacia.
La reincidencia en los casos de violencia también fue un tema destacado. La reeducación de los agresores se presenta como un componente clave de la propuesta. La necesidad de programas especializados para la reeducación dentro del sistema de justicia es fundamental para prevenir la violencia a largo plazo. Cambiar las actitudes y comportamientos de los agresores no solo contribuiría a reducir la violencia, sino también a modificar los patrones culturales y sociales que perpetúan la desigualdad.
