México está harto. La historia se repite, sin importar dónde se encuentra la Fiscalía. «Debahni cayó sola en la cisterna», «Yolanda se suicidó», «Luz Raquel se prendió fuego a sí misma». Lamentablemente, las Fiscalías han tenido una larga historia de revictimizar a las mujeres que han sido víctimas de violencias de género. Además de las víctimas que cito, se sabe de muchas historias de mujeres que fueron víctimas de feminicidios y que, en lugar de tener una justicia digna y expedita, se les hizo un juicio moral por la circunstancia de su muerte. En 2017 el caso de Lesby, quien fue asesinada en CU, fue infame por la difusión de parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de detalles que no tenían nada que ver con el caso, entre otros dando a entender que Lesby era alcohólica y drogadicta. Esto incluso genero un hashtag en redes: #SiMeMatan.
Estas fallas se han presentado de manera frecuente cuando las fiscalías investigan estos delitos. A pesar de la existencia desde 2011 de un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. En este protocolo se recalca que las y los operadores de justicia deben ser «agentes sensibles a los factores sociales y estructurales en el que se generan las desigualdades de género». El protocolo busca erradicar la revictimización de la víctima en el proceso, y da una serie de medidas para hacerlo. Se dice que existe revictimización cuando se da una respuesta de parte del sistema que agrede a la víctima, ya sea por negarle justicia, o discriminarla en el proceso. No obstante, seguimos oyendo estas versiones de investigación sobre delitos contra las mujeres donde la culpa vuelve a recaer en las víctimas.
Se ha señalado que este tipo de discursos en que se culpa veladamente a la víctima muchas veces se utilizan para justificar la inacción estatal pues como lo dice la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la manifestación extrema de la violencia contra la mujer. Más que un acto aislado, es consecuencia de una serie de actos múltiples, de omisiones, discriminaciones y negligencias. Es por esto que existen tensiones entre Fiscalías que no están preparadas o sensibilizadas para enfrentar la realidad de la violencia feminicida en México. De acuerdo a datos oficiales entre homicidios culposos, homicidios dolosos y presuntos feminicidios, han sido asesinadas 1745 mujeres en el primer trimestre del año. Sólo un poco más del 10% está investigado como presunto feminicidio. El que no se investiguen como feminicidios igualmente afecta a la pena que se le pueda imputar al agresor. Además de estos casos que son investigados muy pocos resultaran en condenas por feminicidios. En 2020 fueron asesinadas 12 mil 378 mujeres, pero sólo se tuvieron 407 condenas. Esto quiere decir que sólo el 3.2% de los asesinatos de mujeres llevaron a una condena. Esto ha sido una de las razones por las cuales muchas familias han pedido no se desestime la presunción de feminicidio.
Es por esto que se requiere de una atención integral en materia de violencia. Desde el Legislativo se impulsa la estrategia de unificar la tipificación del feminicidio, así como aumentar las penas de este delito. Logrado esto, los y las operadoras de justicia deben de hacer acciones que demuestren una sensibilización y actuar acorde a la perspectiva de género. No podemos seguir manejando como hipótesis natural que las víctimas son las culpables de sus propios delitos.
En el documental «Las tres muertes de Marisela Escobedo», la activista, quien fue asesinada en 2010 mientras mantenía un plantón por la falta de justicia en el feminicidio de su hija Rubí, declaro que ella murió «dos veces, cuando su hija Rubí fue asesinada, y cuando el tribunal le negó la justicia». Este testimonio nos revela las consecuencias atroces de la revictimización de las víctimas de violencia de género.
