El martes 25 de febrero, Chile declaró un estado de emergencia nacional y el gobierno impuso un toque de queda entre 10 pm y 6 am. ¿La razón? Su sistema eléctrico tuvo un apagón que afectó a 90 por ciento de la población. Todos los servicios críticos y esenciales se vieron afectados de manera importante. Cuatro días después, el sistema no se encontraba restablecido y los efectos persistían. Vale la pena recordar que Chile fue el primer país en privatizar su sector eléctrico y el primero en llevar a cabo el experimento de mercado eléctrico con un Estado regulador a finales de los 70. De acuerdo con ese dogma, en manos de privados, esto nunca pasaría. A la hora de escribir este artículo, la probable causa parece ser falta de inversión en sistemas de seguridad en el sector de distribución. Esto a pesar de que Chile históricamente tiene tarifas por arriba del promedio de Latinoamérica y que continúan aumentando. De enero de 2020 a abril de 2024, el precio promedio de la electricidad en Chile aumentó 44 por ciento, y desde julio de 2024 a enero 2025, se incrementó otro 60 por ciento para cubrir la deuda con el sector eléctrico de Chile, con aumentos esperados hasta 2035 (https://bit.ly/4kk8SOp). Esa deuda fue resultado de que el sector privado, subestimó los riesgos y los costos de las tecnologías que quisieron integrar a la red, y como siempre, cuando la realidad los alcanzó, exigieron que el gobierno los rescatara de sus propios errores a expensas de los ciudadanos. Al no tener una empresa pública, el gobierno tuvo que hacer un Fondo de Estabilización de Tarifas para evitar el colapso financiero de muchos generadores y para evitar que las tarifas crecieran de manera exponencial.
Esto no es un resultado aislado, Reino Unido (RU), otro gran exponente de la privatización y del fallido experimento de mercados eléctricos ha tenido aumentos descomunales en las tarifas. Durante la crisis energética de 2022, RU tuvo un incremento de 215 por ciento en la tarifa promedio, mientras Francia (empresa estatal sin fines de lucro) sólo experimentó 4 por ciento. Alguien podría decir que esas tarifas son en el mercado eléctrico mayorista, y sólo aquellos consumidores que no estén bajo la protección del regulador fueron afectados, y sería correcto. Aquellos bajo la protección del regulador únicamente han experimentado un alza de 70 por ciento en el costo de la electricidad de 2020 a 2025, y se acaba de anunciar un aumento de 10 por ciento a partir de abril de este año (https://bit.ly/4imOjza). Una reciente publicación del gobierno británico (https://bit.ly/4kpvqgu) explica los aumentos, y deja claro que los esquemas para financiar e incentivar a los privados son los responsables. De igual manera dice: el gobierno reconoce que, a corto y mediano plazos, el incremento en tarifas eléctricas arriesga la competitividad de los negocios intensivos en electricidad de RU. La población se ha visto severamente afectada, la crisis de pobreza energética allí se encuentra en niveles históricos (https://bit.ly/4i0RD2S), pero al mismo tiempo las empresas están teniendo los mejores años, de acuerdo con la organización We Own It, las ganancias de las empresas en los últimos años han sido de mil millones de libras por semana. Mientras las eléctricas privadas extraen renta de manera descomunal, la competitividad del país cae en picada. Lo mismo se repite en todo Europa, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (https://bit.ly/4h8lF3D) ha reconocido que la gran dependencia de importaciones de energéticos genera un riesgo y reduce la competitividad del continente, ya que los precios de la energía son altos y se mantendrán altos en un futuro.
Esto es un círculo vicioso, las empresas privadas exigen a los gobiernos que los incentiven, que absorban todos los riesgos y que les garanticen ganancias exorbitantes, los gobiernos al no tener un instrumento de implementación de política pública como una empresa estatal, no tienen más que cumplir todas esas condiciones y subsidiar las ganancias; de hecho, la UE subsidió poco más de 800 mil millones de euros en ganancias, tras la crisis (https://bit.ly/4h0CPQx).
En Estados Unidos, de acuerdo con el grupo Public Power y The New York Times, donde se cuenta con una empresa sin fines de lucro, de propiedad estatal (municipal por lo general) y que se encuentra integrada verticalmente, es decir, donde no se aplica el modelo de la reforma energética de Peña Nieto de 2013, los usuarios experimentan tarifas hasta 40 por ciento (40 dólares al mes) menores, y tienen mejor calidad de servicio que donde sí se aplica el modelo de la reforma de Peña. Los 35 estados que rompieron en pedazos (como hicieron en México con CFE) a sus empresas han experimentado aumentos mucho más rápidos que los 15 estados que no lo hicieron (https://bit.ly/4koGVFi).
De ahí la importancia de la reforma constitucional energética, y sus leyes secundarias que probablemente queden aprobadas en la Cámara de Diputados la semana en curso. Contar con empresas públicas en el sector energético da al Estado la capacidad de actuar y de amortiguar impactos de manera mucho más barata que si se es rehén de subsidiar las ganancias de los privados. Como vimos en Chile, el sector es un tema de seguridad nacional. Reino Unido, EU y Europa nos demuestran que el mercado y la privatización del sector no logra disminuir los precios, no aumenta la competitividad, pero eso sí, aumenta la inflación, la pobreza energética y las ganancias de las empresas. Actuar sin fines de lucro en el sector, beneficia a la economía en general. En manos del Estado, el sector es base y motor de la economía, generador de bienestar e impulsor de oportunidades. En manos privadas, se vuelve un extractor de renta que inhibe el desarrollo y el bienestar de la población.
