En la inauguración de la Semana de la Paz, un evento de capacitación, divulgación y asistencia técnica organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza anunció que este sábado se tendrá una reunión plenaria con autoridades federales y estatales para trabajar en la implementación de Reconecta con la paz; una estrategia para la atención integral y reinserción de jóvenes entre 17 y 35 años, que la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Reyes Mugüerza subrayó el compromiso de continuar con la reducción de los índices de violencia y la construcción de una sociedad pacífica, atendiendo las causas raíz de la violencia. Destacó que el plan estatal para el próximo año estará alineado con este objetivo bajo el lema ‘2025, Año del Bienestar’.
Silvia Frean Alcocer, asesora principal del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas en Prevención Social del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), impartió la conferencia de apertura de estas jornadas a desarrollarse del 3 al 7 de diciembre.
La experta en justicia restaurativa y en crimen organizado internacional, destacó en su conferencia la relevancia de basar las políticas públicas de prevención en datos y evidencia científica, además de validar las intervenciones con la participación de las poblaciones afectadas por la violencia y la delincuencia: “escuchando las necesidades reales de la gente”.
Frean Alcocer inició su conferencia describiendo el panorama de violencia, pobreza y desigualdad que caracterizan a la región. Subrayó que el costo económico de la delincuencia en América Latina equivale al presupuesto destinado al 30 por ciento más pobre de la población, según datos de 2018, enfatizando la necesidad de abordad las causas estructurales de la violencia.
Destacó iniciativas en Colombia, Costa Rica y otras partes de la región, donde la implementación de proyectos de justicia restaurativa ha generado cambios significativos. Sin embargo, también señaló que este modelo es rechazado por la mayoría de las personas pues la percepción es que no resuelve los conflictos de manera contundente, perspectiva que cambia al incluir la participación directa de las personas.
Sobre la criminalización de la pobreza señaló que el derecho penal debe reservarse únicamente para los casos en que sea estrictamente necesario y su aplicación debe ser proporcional; no puede convertirse en la respuesta automática a problemas que tienen raíces sociales y económicas.
Explicó que en las matrices de factores de riesgo analizadas en las historias de vida de personas involucradas en la justicia penal juvenil se encuentran constantemente las mismas condiciones: trabajo y explotación infantil, así como explotación sexual durante la infancia. Estas son causas profundas que deben ser atendidas.
