“Se obedece pero no se cumple” es un pensamiento que se ajusta perfecto a nuestra cultura política. Originada tal vez en el “pase foral” (una facultad inscrita desde el siglo XV en el ámbito del derecho foral del Reino de Navarra y las provincias vascas para no cumplir las órdenes emanadas de la monarquía española), la idea se reformula por quienes en América, amparados en la distancia transatlántica, se hacían los sordos a las demandas de la Corona española.
La verdad es que “se obedece pero no se cumple” se fue cocinando en la olla de México durante los tres siglos de Colonia y el posterior bicentenario hasta hacerse parte de una forma de ser, de un gobierno débil y de una sociedad civil débil, que basa sus relaciones sociales en el no cumplimiento de la ley y, para el caso que nos ocupa, que articula su cultura jurídica y política a la “proclamación” de los derechos, más que a su aplicación efectiva. Todavía estamos inmersos en esa etapa, larguísima, de construirnos como un país de leyes en el que sea una realidad “el constitucionalismo de los derechos”.
Pero hoy, a diferencia de ayer y para nuestra fortuna, México tiene que responder al juicio global sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su territorio y ya no es tan fácil seguir como si no pasara nada, con el argumento de que nadie debe meterse en nuestros asuntos, simplemente porque es signatario de un conjunto amplísimo de tratados internacionales.
Hace apenas unos días se realizó en Ginebra la 17º reunión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Durante un diálogo interactivo, 87 delegaciones de todo el mundo hicieron comentarios y recomendaciones al informe del gobierno de México en la materia, que participó con un equipo integrado por el Secretario de Relaciones Exteriores, representantes de las instituciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Gobernador del Estado de Coahuila, coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En este interesante juicio global, junto a una buena porción de intervenciones dedicadas a elogiar y poner en alto cambios legislativos y políticas que reporta México –desde la reforma en derechos humanos del 2011 hasta la lucha contra el hambre–, propia del lenguaje diplomático, se presenta un conjunto de “Conclusiones y/o recomendaciones”, como parte del Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a México, entre las que destacan solicitudes expresas de buscar la aplicación de lo que se “dice” o se “proclama” en varios temas candentes, es decir, de hacer realidad la efectividad de los derechos. Aquí algunas de esas recomendaciones.
Sobre la efectividad de las reformas constitucionales en materia de derecho humanos España, entre otros países, instó al gobierno de México a la aprobación de la “la legislación secundaria necesaria, con respecto a la reforma constitucional, su armonización a nivel estatal y federal, y la capacitación de los funcionarios judiciales para garantizar su aplicación efectiva.”
En cuanto a la protección a defensores de derechos humanos y periodistas las representaciones de Canadá y Austria señalaron la urgencia de “establecer una protección eficaz de la sociedad civil y periodistas”, incluyendo la investigación rápida y eficaz por organismos independientes e imparciales y el enjuiciamiento en todos los casos de amenazas, ataques y asesinatos.
Países Bajos urgió a fortalecer la “Oficina de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión” y Suecia pidió “garantizar la reparación a las víctimas, así como proporcionar el mecanismo para la protección de los defensores de los derechos humanos con el apoyo necesario para cumplir su mandato.” Francia solicitó al gobierno de México la “aplicación efectiva de la Ley de Víctimas, mediante la armonización de la legislación existente, incluyendo disposiciones de ley en el nuevo Código de Procedimiento Penal y asegurarse de que la ley se aplica a todos los niveles.”
En cuanto al combate de la impunidad y la corrupción precisamente Francia señaló que México debe luchar contra la impunidad, “a través de la realización de investigaciones exhaustivas de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.” En este sentido Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte propusieron que México “redoble sus esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción en todo el país a través de la creación de una institución federal de lucha contra la corrupción, con la capacidad de procesar y, a través de la asignación de recursos suficientes para investigar y procesar los crímenes contra las mujeres y los niños.”
Sobre desapariciones forzadas y tortura Suecia pidió asegurar “que las investigaciones de presuntas torturas no se lleven a cabo por la misma autoridad acusada de cometer actos de tortura”, en tanto que Suiza recomendó “llevar a cabo una investigación exhaustiva y sistemática de todas las denuncias de desapariciones forzadas, llevar a los culpables ante la justicia y garantizar la reparación a todas las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas”.
Francia solicitó “Reconocer la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED), garantizar la integración de la Convención en el marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas.” Alemania, por su parte, recomendó que “el marco legal sobre la tortura se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y que el Protocolo de Estambul se aplique en todos los estados federales. Las personas responsables de actos de tortura deben ser condenadas en consecuencia con el fin de impedir el uso futuro de la tortura.”
En cuanto a niños, niñas y adolescentes Djibout recordó al gobierno de México “proteger siempre sus derechos.” Irán, que pareció adivinarnos el pensamiento, recomendó establecer “un sistema integral para proteger los derechos de los niños”.
Argelia solicitó “garantizar una mejor protección a los niños y adolescentes contra la violencia relacionada con el crimen organizado”, en tanto que Italia instó al gobierno a “mejorar la difusión de información y datos relacionados con los niños y jóvenes que caen víctimas de la lucha contra el narcotráfico.”
Dinamarca señaló la importancia de que “se tomen medidas concretas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en todos los 31 estados de México, especialmente aquellos con más asesinatos y ataques hacia las mujeres y las niñas.”
Lituania, en este sentido, propuso “garantizar la aplicación plena y efectiva de la legislación y las políticas de lucha contra la violencia contra las mujeres existente y adoptar medidas eficaces para reducir la violencia y la impunidad.”
La trata de personas también fue tema. Egipto, que sabe de lo que habla, pidió “considerar el establecimiento de mecanismos para la pronta identificación, derivación, asistencia y apoyo a las víctimas de la trata“, en tanto que Noruega recomendó “aumentar los fondos para los fiscales federales de tráfico de personas y tomar medidas para poner fin a la impunidad de los funcionarios públicos implicados en la trata.”
En cuanto al fortalecimiento de las instituciones procuradoras de justicia, Dinamarca urgió “aplicar plenamente la reforma del sistema de justicia penal en todos los estados del país tan pronto como sea posible”. Canadá solicitó “adoptar medidas para garantizar la aplicación efectiva y oportuna de las reformas judiciales con mandato constitucional y profesionalización de la policía, proporcionando formación y capacitación integral de los actores involucrados en la administración de justicia, incluidos jueces, fiscales, abogados, policías y las investigaciones criminales.”
Japón señaló, en este sentido, que es necesario fortalecer “la creación de capacidades de los actores judiciales e instituciones encargados de hacer cumplir la ley a fin de que sus medidas contra el crimen organizado se justen a la ley y el respeto a los derechos humanos, con un énfasis en el debido proceso.”
Por otro lado, Sri Lanka, pidió considerar “ratificar la Convención contra la Discriminación en la Educación” y Bosnia y Herzegovina implementar medidas para “reducir la alta mortalidad materna e infantil entre la población indígena.” Ecuador señaló que México debe trabajar en “el diseño de políticas públicas para garantizar el acceso y permanencia de los niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos, especialmente los niños que pertenecen a los pueblos indígenas y los pobres.”
Finalmente Sudán del Sur, un país que acaba de surgir apenas en 9 de julio de 2011, le recomendó al gobierno de México “asignar más recursos a la educación para los estudiantes más vulnerables y personas con discapacidad.”
Hemos avanzado mucho, pero de este tamaño es nuestra agenda pendiente. México, del examen periódico universal, sale con el encargo de aplicar las normas internacionales de derechos humanos con efectividad.
Como ya hemos señalado en otras colaboraciones, para atribuir un derecho es suficiente formular una norma. Sin embargo, para garantizar un derecho no es suficiente proclamarlo, “es necesario además disponer de los mecanismos adecuados para su protección.” Retomado una vez más a Riccardo Guastini, “sólo un pensamiento jurídico ingenuo puede prescindir de la distinción entre “verdaderos” derechos y derechos “sobre el papel (…) un derecho reconocido, pero no garantizado, “no existe”, en el sentido de que es un derecho ficticio, de forma que el enunciado que afirma su existencia es falso.”
“Se obedece pero no se cumple” tal vez, para algunos, se pueda seguir aplicando como en los viejos tiempos, como una forma de funcionar y de entender la vida pública en la que el gobierno pareciera funcionar dejando a un lado las demandas de los titulares de derechos y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes.
Pero eso ya no da para mejorar. En esta encrucijada de nuestra historia, lo mejor que podemos hacer es lograr que el constitucionalismo de los derechos sea una realidad práctica, no sólo un reconocimiento normativo que muchas veces sirve como coartada para permanecer en la inefectividad de los derechos.
@luisbarquera
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