En los últimos meses hemos sido testigos de un debate tan álgido como veloz. La agenda pública del país ha visto a las fuerzas políticas enfrentarse por asuntos de la trascendencia de la reforma judicial, pasando por la desaparición de algunos importantes órganos constitucionalmente autónomos, hasta las reformas en materia de seguridad e inteligencia que recién han sido aprobadas. Este Congreso de la Unión ha tenido un récord en materia de legislación sobre asuntos de gran trascendencia. A la par de esto, también hemos asistido a la reflexión, motivada e impulsada por algunos actores, principalmente en el ámbito de la opinión, sobre el saldo del período que conocimos como transición a la democracia, y particularmente del lapso que va de finales del siglo pasado a la actualidad, más o menos tres décadas en de cambios en México y sus instituciones.
Atender y entender estos dos grandes debates en la vida pública actual de nuestro país es relevante para comprender qué sucedió, como causa de la transformación constitucional (con todo lo que ello implica) por la que atravesamos. No es objetivo de este texto en particular volver al análisis de lo que significó la transición del Estado mexicano concebido más o menos sin cambios sustanciales en la Constitución de 1917 y el que surgió de las reformas hasta la que tuvo lugar en 2011 en materia de derechos humanos. Sin embargo, sí retornar a un punto que considero trascendente, antes y ahora: la importancia de dotar a los individuos, como ciudadanos y en lo colectivo como comunidad de las suficientes herramientas y vías para ejercer un control, tanto electoral-popular, como institucional y jurídico de los entes que conforman al Estado, así como de sus operadores. El proceso de transición a la democracia tomó ese rumbo, sin embargo, descuidó tanto el ámbito popular, decantándose en este campo solo por lo electoral, y a nivel de rendición de cuentas, en procesos institucionales, que sí bien por su naturaleza misma, gozaban de un componente jurídico, estuvo siempre carente de la solidez que un Estado de Derecho en pleno debiera presumir. Es decir, hubo elecciones y en ese sentido los gobiernos y legisladores gozaron de legitimidad, sin embargo, no bastó para consolidar, en el ánimo popular, sus resultados de forma tal que se conformara una expresión social suficiente para defender el legado de esos gobiernos y esos congresos. Hubo un avance importante en el diseño de sistemas de rendición de cuentas, pero no lo suficiente para que los requisitos mínimos de un Estado de Derecho se afianzaran en la conciencia social, comenzando por una intolerable y preocupante (aún) impunidad. Al electorado, decisor final de toda contienda política, le pareció insuficiente la promesa del régimen de la transición, no tanto por su contenido, sino porque sus alcances siempre fueron lejanos, ya sea por falta de un ejercicio pleno de legitimidad por parte de sus implementadores o bien por la permanente conjugación en futuro de lo que se imponía como urgente.
Creo importante que comencemos por identificar conceptos y elementos de análisis clave para emprender el diagnóstico de lo que pasó, de lo que sucede y del probable porvenir. Solo así nuestra historia reciente tendrá el lugar que merece.
@CarlosETorres_
