En torno a la propuesta de reforma judicial (que no de justicia, y esto es de por sí ya algo para lamentar), ha surgido una postura que, si bien, desde algunos puntos de vista podría verse como de resignación, lo cierto es que tiene mucho sentido desde la perspectiva de las políticas públicas, esto es, el gradualismo en la implementación del diseño que se pretende dar a la forma en que se designan a los jueces, magistrados y ministros de los treinta y tres poderes judiciales del país. No solo tiene sentido, sino que permitiría, en todo caso, una evaluación objetiva, seria y sustancial del nuevo sistema; ello permitiría además el seguimiento a la opinión pública, conforme a la principal motivación de esta reforma, que es la percepción ciudadana sobre el funcionamiento y efectividad de dicho poder para impartir justicia. Tal como lo mencionamos anteriormente, puede comenzarse por la elección de una tercera parte de los magistrados y ministros, a razón de que, sea en los órganos plurales en los que puedan insertarse los perfiles provenientes de la decisión mayoritaria, y no en los juzgados a cargo de una sola persona, pues ello implicaría un efecto e impacto inmediato que no se antoja positivo. Ahora bien, sí la mayoría política que incrementará su poder de decisión en la próxima legislatura federal, a razón de casi tener mayoría calificada, insiste en el voto para la selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en su totalidad y no hay alternativa, quizá deba aceptarse tal determinación, siempre que, la gradualidad inicie ahí durante los próximos seis años y no en tribunales y juzgados federales. También podría aplicarse para el caso de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.
Pero ya que nos encontramos en un debate que tocará de fondo toda la teoría constitucional en la cual está fundado el Estado mexicano, me parece pertinente, que aún desde la perspectiva gradualista, evaluemos en serio la necesidad de la participación ciudadana y en su caso, de lo propicio que sería que las mayorías electorales se vean reflejadas no solo en los poderes legislativo y judicial, sino también en los ejecutivos: ¿porque no, pensar en avanzar hacían un sistema semipresidencialista, en el que, sea la mayoría del Congreso y las Legislatura Locales las que intervengan en la definición del gabinete y particularmente en la creación de la figura del Primer (a) Ministro(a)? Lo anterior daría la oportunidad a la ciudadanía en general (o pueblo sí así se le quiere llamar), para incidir en las decisiones que le afectan cotidianamente, que en su mayoría implican políticas públicas, más que el propio diseño del sistema político y las determinaciones de jueces y tribunales. A su vez, podría implementarse la elección del Cabildo con facultades no solo de deliberación y decisión en colegio, sino también como ejecutores, es decir, elegir al tiempo que se decide por la Alcaldía, al regidor de gobernación, al de desarrollo económico, al de finanzas, etcétera.
Sin duda, estas reformas implicarían retornar gradualmente cada vez más la soberanía popular a quién le pertenece originariamente.
@CarlosETorres_
