Ciudad de México. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, llamó a los legisladores de los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua a no permitir que se concreten los “blindajes” que los gobernadores salientes priistas han propuesto para evadir la acción de la justicia.
Adelantó que se exploran acciones legales para revertir las dolosas decisiones de los actuales gobiernos priístas “que a todas luces serían el peor y último golpe que los gobernadores salientes del PRI den a las familias de sus estados”.
En un comunicado, señaló que en Quintana Roo ya se aprobó un paquete para convertir a la Procuraduría de Justicia del Estado en Fiscalía, cuyo titular sería el actual Procurador y duraría 9 años en el cargo, además de que se autorizó el refinanciamiento de las deudas de corto plazo, entre ellas la del municipio de Solidaridad por mil millones de pesos.
Además, se prevé que el pleno del congreso local votaría a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos Carlos Lima y Gaspar Armando Torres, el primero operador del gobernador en la adquisición de tierras, y el segundo ex procurador de Justicia. Y se nombraría al nuevo Auditor Superior del Estado, que duraría siete años en el cargo.
En Veracruz, además de aprobarse un “paquete de impunidad”, se causará un daño irreparable a los ciudadanos, sobre todo a los más necesitados. Ahí se busca nombrar a magistrados y al fiscal anticorrupción. Se plantea basificar a todos los “aviadores” del gobierno, lo cual haría que la mayor parte del presupuesto del estado se destinara al pago de nómina, “lo que causaría un enorme daño a la población, especialmente a los más pobres, quienes no podrían recibir los servicios educativos y de salud que hoy necesitan”.
En tanto, en Chihuahua continúan los intentos para aprobar dos nuevos créditos por 6 mil millones de deuda adicional, pese a la reciente reforma en materia de disciplina financiera para estados y municipios. Se eliminó la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo, antes de 90 días del cambio de poderes, todo lo cual está planeado para complicar económicamente el desempeño del gobierno panista de Javier Corral.
Anaya advirtió que “pretenden heredar más complicaciones, carencias y desesperanza a sus estados. Lo que estamos viendo jamás había ocurrido en nuestro país».
